Polvos añejos

Santiago González

Uno de los expertos internacionales contratados por el Gobierno vasco en 1986 para elaborar un informe sobre la violencia que nos costó 600 millones de las pesetas de la época y fue depositado con mimo en un cajón, se llamaba Hans Horchem y era alemán. Este hombre, que acabó siendo contratado con el PNV como asesor de seguridad, hizo una apreciación notable tras su toma de contacto con “el problema vasco”: una de las cosas que llamó mucho su atención era que las líneas que delimitaban el terreno del juego político en Euskadi eran elásticas. Veintitrés años después la cosa sigue igual, poco más o menos.

Hernani es un pueblo de poco más de 18.000 habitantes, situado a 11 kilómetros de San Sebastián y una de las plazas fuertes del terrorismo etarra y su entorno. En las elecciones de mayo de 2007, su representación municipal quedó como sigue: ANV, 8 concejales; PSE, 3; PNV y EA, 2 cada uno; Aralar-EB, 1 y PP, 1. Aralar y Madrazo hicieron posible que Marian Beitialarrangoitia, cabeza de la lista más votada fuera uno de los 43 alcaldes de la marca blanca de Batasuna que salieron de esas elecciones.

“ANV cumple inicialmente todos los requisitos legales”, había dicho la vicepresidenta De la Vega un mes antes. “En este caso, como en todos”, añadió, “el Gobierno aplicará a rajatabla la Ley de Partidos Políticos(…) Batasuna no estará en las elecciones porque no cumple la ley". La Audiencia Nacional condenó a la alcaldesa de Hernani a un año de prisión y siete de inhabilitación por un delito de enaltecimiento del terrorismo el pasado 3 de junio y esa condena la convierte en “inelegible e incompatible”, para cargo público, según la Junta Electoral Central. Por eso, el delegado del Gobierno va a instar al Ayuntamiento la destitución de su alcaldesa.

Cabe la posibilidad de que los concejales de ANV, e incluso su tonto útil, se nieguen, lo que llevará seguramente a la Delegación del Gobierno a plantear un recurso contencioso-administrativo, según la hipótesis más probable: negarse a acatar es lo que más les sale de su natural y el recurso las da más tiempo con su alcaldesa detentando su cargo.

Tras el asesinato de Uría, la vicepresidenta anunció el 5 de diciembre de 2008 que el gobierno promovería las refomas legales necesarias para impedir que representantes de los partidos políticos ilegalizados puedan gobernar los Ayuntamientos. De tales reformas no hay noticias. Tampoco las hay de que el Ejecutivo haya instado a buscar pruebas de complicidades terroristas ayuntamiento por ayuntamiento, con el fin de poder aplicarles de uno en uno el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, en plan Marbella style.

Pocas dudas caben sobre la actitud del Gobierno de Zapatero hacia el terrorismo en esta legislatura, pero todo deja rastro, ay, aquellos polvos del camino, -polvos de la carretera, incluso polvos del molino que alcanzaron el vuelo de las togas durante el llamado proceso de paz. Se impone paciencia y barajar, aunque la decisión del delgado del Gobierno no es inútil. El tiempo juega en contra de ellos y estas cosas les dan mucho quehacer. Y qué pensar.