El crimen de Capbreton

Santiago González

En la casa-cuartel de El Tiemblo, un municipio abulense de 4.000 habitantes, ayer ondeaba una bandera a media asta por el guardia civil Fernando Trapero. Aunque técnicamente no haya muerto aún, sus compañeros lo han descontado de antemano. Desde que fue tiroteado junto a Raúl Centeno, permanece en estado de coma, con una bala alojada en un cerebro que ya no registra ninguna actividad. La parálisis cardio-respiratoria es cuestión de tiempo, pero al decir de los médicos no cabe esperar otro desenlace.

En la siniestra contabilidad de los hechos terroristas pesan los asesinatos al contado. Son los que celebran los simpatizantes de la banda. Los heridos, aunque sean graves, son objetivos alcanzados sólo a medias, un pero a la eficacia etarra, que ellos quisieran inmediata. Por esa misma razón, el común de los ciudadanos acoge a los heridos con esperanza a veces improbable. La muerte aplazada de un herido en atentado, no abre los informativos de televisión, sus funerales ya no ocupan las primeras páginas de los diarios.

Es así desde siempre. Los humanos constituimos una especie de extraordinaria capacidad adaptativa y el impacto de la muerte de Fernando Trapero, cunado se produzca el hecho, no será tan fuerte como el que causó el sábado la de su compañero Raúl Centeno. El atentado de Capbreton ha sido el primero con resultado de muerte desde hace once meses, cuando la bomba de la T-4 acabó con la vida de Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate. Para encontrar el anterior, tendríamos que remontarnos cuatro años y medio atrás, hasta el asesinato de Bonifacio Martín y Julián Embid en Sangüesa, el 30 de mayo de 2003. En 1980, año en el que ETA perpetró un centenar de asesinatos, el número de guardias civiles muertos fue de 31. La sociedad vasca, y en algo menor medida la española, se habían acostumbrado a vivir bajo el terror la normalidad de la vida cotidiana y esa es una muestra de indignidad que deja huella en el subconsciente colectivo.

El doble asesinato de Capbreton ha venido a sorprender a las fuerzas políticas en sus negocios: al partido del Gobierno, a punto de celebrar el 25 aniversario de la llegada a la Moncloa del primer Gobierno González; al PP, en la clausura de la Conferencia sobre la reforma constitucional; al PNV, en su Asamblea para ungir a Iñigo Urkullu como sucesor de Imaz y a los nacionalistas catalanes en una magna manifestación reivindicativa de lo suyo, “derecho a decidir sobre nuestras infraestructuras”.

El Gobierno convocó a los partidos políticos, centrales sindicales y organizaciones empresariales a una reunión en el Congreso para pactar una declaración unánime contra ETA. Hay que destacar que las fuerzas sociales se han manifestado con un mínimo de dignidad. Nada hay objetable en el comunicado conjunto, aunque no sería realista basar en este acuerdo un optimismo desaforado. La unidad de los demócratas que se visualizó el sábado es condición muy necesaria, aunque no suficiente para derrotar al terrorismo. Por eso, es muy pertinente que el documento aprobado le yuxtaponga la fuerza del Estado de derecho.

El presidente del Gobierno quizá debió convocar una reunión de los firmantes del Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo. ETA ha vuelto a matar y el Pacto Antiterrorista es un instrumento que no ha sido denunciado por el Gobierno, aunque tampoco ha sido convocado ni una sola vez en esta legislatura. Es verdad que Aznar no lo convocó el 11 de marzo de 2004 y pocas críticas socialistas hacia el PP han estado tan cargadas de razón como ésta. Pero los errores de Aznar no deberían ser repetidos por Zapatero; sería muy práctico que cada gobernante aprenda a evitar los errores de quienes le precedieron, en lugar de invocar su derecho a repetirlos.

Los socios nacionalistas del Gobierno enviaron a la reunión una representación muy menor. Especialmente grotesca es, como de costumbre, la actitud de ERC, que debió de considerar indispensable la presencia de sus ocho diputados en la manifestación de Barcelona, porque envió a la reunión del Congreso a “un miembro de su equipo técnico”.

La unidad plasmada en la foto del sábado es consoladora, pero cabe preguntarse si se mantendrá para el fin que se indica en el comunicado: aplicar “la fuerza del estado de derecho” para combatir y derrotar al terrorismo. También cabe preguntarse si tras este atentado tiene sentido mantener la resolución del 17 de mayo de 2005, en la que se autorizaba al Gobierno a negociar con ETA; si el asesinato de Capbreton no choca abiertamente con el requisito de “una clara voluntad (de los terroristas) para poner fin a la misma (la violencia) y (…) actitudes inequívocas que puedan conducir a esa convicción”. No ahora, pero quién sabe si en el futuro, sostienen los partidarios del Gobierno para mantener dicha resolución. “Nunca más habrá otra tregua creíble de ETA”. Lo dijo el ministro del Interior el 9 de enero de 2007. Al New York Times.