28 abril 2010

¿Incompetente o redundante?

Santiago González

Montilla y Mas han llegado al acuerdo de pedir al Parlament que el Tribunal Constitucional se declare incompetente sobre el Estatut. Consejos vendo y para mí no tengo. Es cierto que la incompetencia que debe confesar el Constitucional es muy precisa, mientras la que los espectadores apreciamos en los señores Mas, Montilla y asociados es de naturaleza inespecífica, más de amplio espectro. A esto se le llama el don de la alteridad.

El primer punto del papel enviado a la Mesa del parlament reafirma la plena constitucionalidad del Estatut, opinión que no es una rareza de esta pareja de hecho; también participan de ella y la han defendido en reiteradas ocasiones el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Puestos en este plan, ¿quién necesita un Tribunal Constitucional, vamos a ver?

No es preciso considerarlo incompetente, tal como reclama el punto tercero del acuerdo Montilla-Mas. Bastaría declararlo redundante. Podría parecer chocante que un tribunal llamado ‘Constitucional’ no fuera el órgano adecuado para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Cuantos opinábamos que el Estatut desbordaba el marco de la Constitución ya advertíamos de la dificultad y los problemas que entrañaría la cuestión después de aprobado en referéndum, aunque fuera con porcentajes ridículos. Pero para eso está el dictamen previo de inconstitucionalidad, no el absurdo de eximir de control constitucional precisamente a las leyes más importantes.

A partir de aquí, el punto segundo (instar a las cámaras a renovar el TC sustituyendo a los magistrados pasados de fecha) es innecesario. Basta el cuarto (reformar la LOTC para retirar en tiempo y forma a los caducados) y el Tribunal se iría amortizando a medida que los magistrados cumplen la edad de jubilación o el plazo de su mandato.

Se quejaba Mª Emilia Casas de que estamos en una crisis institucional y que el Tribunal que preside sufre una intolerable campaña de desprestigio. Montilla, ese lince, no sabe a quién se refiere. Pajín sí: como la rana que en la asamblea de la selva oye al león tronar contra “ese bicho verde que no me deja pegar ojo porque se pasa las noches croando” y comenta que “menuda bronca está echando el león al cocodrilo”. O sea, al PP.

Fue el TC quien se colocó a sí mismo en posición ilegítima al admitir a trámite el recurso de los populares contra el Estatut. Ya le había pasado antes al Tribunal Supremo al admitir la querella de Falange Española contra el juez Garzón. Falange es el PP, “amb Garzón i l’Estatut esta dreta ens ha fotut”; Supremo, Constitucional, el mismo carajal.

No llevarán la iniciativa al Congreso, donde la ministra de Defensa tendría que votar contra el presidente del Gobierno. En cambio, en la cámara alta, los senadores del PSC están en la Entesa y Zapatero les permitirá un brindis al sol. Salvo que decida unírseles, lo que tampoco es absolutamente descartable.

Mientras, Montilla podría convocar a su Consejo de Garantías Estatutarias para declarar inestatutaria la Constitución Española de 1978. Y convocar a los medios de comunicación catalanes para que expliquen el tema en otro editorial conjunto.

26 abril 2010

Antifranquismos tardíos

Santiago González

El franquismo contra el que se manifestaron el sábado miles de personas en 21 capitales, era un centenar de tipos que cantaron brazo en alto el ‘Cara al Sol’ en Madrid. Los falangistas a los que el PP jalea y da oxígeno, según Pepe Blanco. Como era de esperar, las manifestaciones se han resuelto en bronca entre el PSOE y el PP. Normal. Al fin y al cabo, para eso habían sido convocadas. Sí fue sorprendente que muchos asistentes a lo de Madrid confesaran que era la primera manifestación de su vida a la prensa amiga: “Jamás habían protestado por nada, explicaban ayer ancianos de 80 años”.

Veamos. Un anciano de 80 años tenía 45 en el momento de morir Franco, un hombre pleno, vaya. ¿Es posible que no hubiera asistido a una sola manifestación ni antes ni después de aquel 20-N? Para explicar esta rareza se enuncia con impudor extremo que la transición no fue tal, que seguimos viviendo en el franquismo, que lo relacionado con la dictadura era un tabú, el miedo no permitía saber y que a Garzón lo persiguen por investigar el franquismo.

Nada de esto es cierto. Juan Pablo Fusi estimaba en 2005 que en los 30 años transcurridos desde la muerte de Franco se habían publicado en España 19.000 libros sobre la guerra y la dictadura. Otro dato sobre el resarcimiento de las víctimas. El Gobierno de Zapatero hizo público un informe en 2006, según el cual, el monto total de las indemnizaciones a las víctimas del franquismo era hasta la fecha de 16.000 millones de euros, más de dos billones seiscientos mil millones de las antiguas pesetas.

Es verdad que contra Franco nos manifestábamos peor, como ha parafraseado con fortuna mi amigo Luigi, pero desde que murió fue el no parar, incluso para los antifranquistas más prudentes. Nos manifestábamos contra los crímenes de la extrema derecha, contra los sucesos de Vitoria, por la amnistía, contra las centrales nucleares, por la Autonomía, contra los crímenes de ETA, contra el golpe del 23-F y así sucesivamente.

El que no la ha corrido de joven, la corre de mayor, se dice, pero tal vez sea que estamos ante un antifranquismo alternativo y sosegado, que supo contener sus impaciencias mientras vivía el objeto de su fobia. Almodóvar, maestro de ceremonias, se había “impuesto como norma no citar a Franco” en sus primeros filmes (1980). Le parecía que “la mayor de las venganzas era negar su existencia”.

Puede decirse que la mayor parte de los españoles fue de la escuela de Almodóvar. Castigaron al dictador con su indiferencia, dedicándose a sus cosas: no vamos a hacerle caso, que se joda. Junto a él, Almudena Grandes, que hace tres años aceptaba lo sustancial de la tragedia, aunque soñaba con invertir los papeles: “fusilaría cada mañana dos o tres voces que me sacan de quicio” (Sevilla, 26 de marzo de 2007). Si la manifestación hubiera sido contra Franco habría sido inocua. En realidad era contra lo único que habíamos sabido resolver con cierta decencia los españoles: el pacto de la transición y la amnistía. Nos han durado 35 años. No está mal, pero a los pueblos como el nuestro les coge la pulsión suicida aproximadamente cada veinte años y ya llevamos quince de regalo.

24 abril 2010

30 años es algo

Santiago González

La mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno vasco ha querido que coincidieran en las últimas 48 horas dos acontecimientos de relieve: la institución de una festividad política, el Día de Euskadi, en el 25 de octubre, fecha de aprobación del Estatuto, y la celebración del 30º aniversario del Parlamento vasco.

En nuestra mejor tradición, la celebración del 25 de octubre dividió a la cámara vasca. El festejo del 30º aniversario del Parlamento, también. Es el acreditado horror a los consensos del alma vasca, el cromlech de Oteiza, un vacío despojado de toda materialidad. Eguiguren lamentó la falta de acuerdo sobre la fecha, aunque no debería sorprenderse: él mismo había descrito hace veinte años la paradoja reveladora de que la primera sesión del Parlamento vasco, el 31 de marzo de 1980 se dedicara a “dilucidar si había que escribir ‘Euskadi’ con ‘s’ o con ‘z’”.

Hogeita hamar urte eta gero hau, treinta años después seguimos en las mismas. Tres botones de muestra: quien fue cuarto presidente de la cámara, Juan Mª Atutxa, no excusó, reivindicó su ausencia con una carta que tenía algo de regüeldo: sólo estuvo con el corazón, que con el alma no podía. Su razón era que el Tribunal Supremo del reino de España vulneró la separación de poderes. Al parecer, para este eximio jurista y esclarecido discípulo de Montesquieu, la esencia de dicha separación consiste en la inmunidad del Legislativo y el Ejecutivo frente al Judicial.

El primer presidente del parlamento, Juanjo Pujana, explicó las ventajas del diálogo frente a "las constituciones y estatutos que se encuentran tan sacralizados” que “no son fuente de derecho, sino herramientas", lo que parece entrañar una cierta confusión entre el Parlamento y el parloteo. Joseba Egibar, la tercera en el pecho, se negó a reconocer la fiesta porque el Estatuto “está degradado y ha perdido su función y su potencialidad”.

Contaba el historiador Juan Pablo Fusi en ‘El País Vasco: pluralismo y nacionalidad’ que con el Estatuto del 79 Euskadi tuvo por primera vez en su historia una autonomía para Vizcaya, Guipúzcoa y Alava, un parlamento coexistente con las Juntas Generales de los tres territorios y un lehendakari elegido por ese parlamento: “En 1979 se aprobó un Estatuto infinitamente superior, por todos los conceptos, al de 1936. Comparado con el actual estado autonómico vasco, el régimen foral anterior a 1839 se reducía a esporádicas asambleas de aldeanos”.

Esto es lo más extraño de todo, que se nieguen a celebrar una catástrofe. ¡Pero si es su especialidad! Ellos eligieron el 25 de octubre para celebrar el referendum en recuerdo de una derrota: la del 25 de octubre de 1939 del célebre decreto de Espartero que ellos consideran la primera ley abolitoria de los fueros. Gran fecha para día de Euskadi por doble motivo, lo de Espartero y la incompletitud del Estatuto. Eso sin contar con que es precisamente el Estatuto, que permite la existencia del Parlamento, (arts. 25 a 28) el marco en que Joseba Egibar ha podido ganarse las alubias los últimos veinte años de su vida como parlamentario y cotizar para una jubilación decente. De bien nacidos es ser agradecidos.

23 abril 2010

Dos medidas

Santiago González

El ministro de Fomento ha justificado el nombramiento de Ramón Moreda como presidente de Comfersa, una filial de Renfe. “Es inocente”, ha dicho. “En grado de presunción”, tendría que haber añadido. No fue juzgado ni condenado porque el delito prescribió. Es la misma inocencia que la de aquel Rosendo Naseiro, imputado por el juez Manglano con escuchas ilegales. Era un presunto inocente, pero Aznar le obligó a dejar el cargo de tesorero en 1993. El 25 de marzo de aquel año, en el sumario de Filesa, el juez Marino Barbero imputó a Moreda un delito electoral presuntamente cometido en las elecciones generales y europeas de 1989, en las que fue administrador general del PSOE.

Nos falta una moral universal, un rasero ético. Lo dijo muy bien el miércoles la vicepresidenta De la Vega al exigir al PP que respete a los jueces no sólo cuando abren los cajones ajenos, sino también cuando investigan en sus fondos de armario.” Al juez Garzón que instruyó Gürtel, y al juez Barbero cuya instrucción de Filesa lo convirtió en la bestia negra del PSOE en general y la de Rodríguez Ibarra en particular. Por cierto, aquí tiene el ex fiscal Jiménez Villarejo espejo en el que mirarse: pocos meses después de que él entrara en la carrera, Barbero tomaba posesión de su cátedra en la Universidad de Murcia, en 1963. Se negó a jurar los Principios del Movimiento y aquel curso impartió su lección inaugural contra la pena de muerte. Fue el año en que se fusiló a Grimau, el último muerto de la guerra civil. Para hacer esto cuando Franco hacía falta más coraje que para llamar franquista al Tribunal Supremo en el aquelarre de la Complutense.

Tiene razón la viceprimera al exigir al PP que respete a los jueces, mientras ella ampara lo de Villarejo en la libertad de expresión. También acierta al señalar al PP el cajón del caso Gürtel, pero si parte de la presunción de culpabilidad para los otros, no debería invocar la de inocencia para los suyos, ni olvidar su propio fondo de armario: En 2008, Moreda fue elegido para la Ejecutiva, como vocal de la Comisión de Ética y Garantías. Está bien. Como ya se ha dicho en este rincón, Josep Mª Sala, que sí fue condenado por Filesa, fue admitido en la Casa Común del PSC y elegido responsable de Formación en las dos últimas Ejecutivas, en 2004 y 2008. En 2005, el alcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández, fue condenado a seis meses de inhabilitación por un delito electoral, pena a la que se acumuló otra de quince meses de multa por injurias al tribunal que lo condenó, sin saber que a los jueces hay que respetarlos. En diciembre de 2006 el Gobierno de Zapatero lo indultó a tiempo para las elecciones de mayo de 2007 y ser el alcalde actual de Carboneras.

También es lógico. El maestro Billy Wilder había planteado la cuestión en los títulos finales de ‘Primera plana’, al repasar el destino de los principales personajes de la película. Al llegar al tramposo y amoral director del ‘Chicago Examiner’ que interpretaba el gran Walter Matthau, decía: “Walter Burns está retirado y a veces imparte conferencias sobre la ética del periodismo en la Universidad de Chicago”.

17 abril 2010

Víctimas a la carta

Santiago González


En el desarrollo futuro del Plan de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia, el Gobierno vasco estudia la forma de introducir las víctima en el sistema educativo. Se trata de que el Gobierno ofrezca en un futuro próximo a los centros escolares un catálogo de víctimas de la violencia, con el fin de que elijan la que les parezca idónea para dar testimonio a los alumnos. Las víctimas serán seleccionadas entre las que hayan superado el duelo y quieran compartir un mensaje de perdón y reconciliación, apuntaba la consejera de Educación, Isabel Celáa. La dirección de los colegios podrá pedir una víctima de ETA, de los GAL o de los grupos de extrema derecha.


¿Es ésta una buena idea? En 'Plácido', Berlanga y Azcona ya planteaban el factor aleatorio en la campaña de Navidad 'Siente un pobre a su mesa', que organizaban las fuerza vivas de una pequeña capital de provincia. Como en el franquismo no se podía elegir, era por sorteo: “¿Y a usted que le ha tocado, pobre del asilo o uno de la calle?”, se preguntaban unas a otras aquellas buenas gentes.


Peliaguda cuestión ésta. Cabe pensar si las víctimas son equiparables a estos efectos. No se trata de relativizar el crimen y creer que algunos asesinos son mejores que otros. “Sólo el que mata es la categoría/ que dejo fuera de mi sentimiento” escribió Neruda, ni que unas víctimas de la muerte a mano airada merezcan menos lágrimas de los suyos que las otras, ni de que la justicia debe hacerse sobre todos los victimarios como forma de reparación.


Enrique Múgica lo formuló con lucidez y sin hipocresías, tras el asesinato de su hermano Fernando: “es verdad que todos los muertos son iguales porque todos los muertos son llorados, sean quienes fueren, por sus familias y por sus amigos. Pero que un ser humano, antes de morir puede ser corroído por el odio y la violencia, o ser un ser humano de paz y tolerancia, tal y como era mi hermano”.


Los colegios deberían limitarse a pedir su participación en el programa y tendría que ser responsabilidad de la autoridad educativa enviar a la persona adecuada. La equiparación de los terrorismos para combatirlos ideológicamente no parece adecuada. ETA no es el GAL, ni los grupos ultras, ni siquiera el Grapo. ETA sigue siendo una amenaza de presente y de futuro para nuestra convivencia. ETA es la única organización terrorista que genera adhesiones sociales significativas y constituyen referentes asociativos, fenómeno que no se dan en otros grupos terroristas. Sería de mucho interés tratar el GAL en las escuelas para explicar a los niños la importancia de la Ley, pero no para equipararlo a ETA.

Para educar en la paz a nuestros hijos sería mejor reconocer la verdad profunda de uno de los 'Epitaphs of the war', de Rudyard Kipling, felizmente adaptado a lo nuestro por Jon Juaristi: “Nuestros padres mintieron, eso es todo”. Hace poco incidía en la misma idea un excelente artículo de Joseba Arregi: La pregunta es si el proyecto político que ha exigido más de ochocientos asesinatos puede ser el proyecto de futuro para la sociedad vasca, aunque se defienda ahora sin violencia. Si los asesinatos han pasado por el proyecto político que los causó sin romperlo ni mancharlo.”

15 abril 2010

Un fiscal jubilado


Santiago González


El Código Penal describe en su artículo 404 el delito de prevaricación como una resolución arbitraria adoptada por un funcionario a sabiendas de su injusticia. Ayer, en el homenaje que se rindió a Garzón en la Universidad Complutense, el que fuera fiscal Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, cometió lo que podríamos llamar un acto largo y ancho de prevaricación intelectual, que consiste en decir chorradas a sabiendas.


¿Por qué todas las lumbreras jurídicas, desde Leire Pajín a Jiménez Villarejo, insisten en la bondad del juez y en la ilegitimidad de unos querellantes a los que nadie ha denunciado con la Ley de Partidos en la mano? Misterios de la naturaleza humana. Ayer, entre el fervor de los asistentes que desbordaban el anfiteatro de Medicina, un fiscal jubilado hizo gala del desconocimiento de su oficio, al ignorar las razones que han llevado al TS a procesar a Garzón, a saber: 1) Ignorar el artículo 101 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que impide abrir un proceso penal a los difuntos. 2) Ignorar los límites de su competencia. 3) Ignorar la Ley de Amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados (15-10-1977), que extinguió las responsabilidades por todos los delitos cometidos por franquistas y antifranquistas.


Quienes por razones de edad u otras no llegaron a ser antifranquistas en el tiempo adecuado, creen que la amnistía fue un autoperdón de la dictadura. Deberían consultar el gran discurso de Marcelino Camacho en el Congreso, reivindicándola como una bandera comunista. Un amigo mío, condenado a 20 años cuando entonces, me leyó el otro día su auto de excarcelación: "Queda en libertad por aplicación de la Ley de Amnistía que anula sus condenas impuestas por Consejo de Guerra Sumarísimo, y Tribunal de Orden Público, así como de todas las penas accesorias, y restituido en la plenitud de sus derechos, sin antecedentes penales...."


El fiscal Villarejo acusó a los magistrados del Supremo de ponerse en manos de Falange, en manos de los corruptos, haber sido cómplices hasta el último día de las torturas (del franquismo). No todos, dijo, pero va a ser que sí, que todos los de la Sala Segunda votaron sí al procesamiento de Garzón en las tres causas.


No como él, que ingresó en la carrera fiscal en 1962, justo a tiempo para denunciar las torturas y la defenestración de Julián Grimau, la iniquidad de su proceso y del que, también en 1963 condenó al garrote vil a los anarquistas Joaquín Delgado Martínez y Francisco Granados Gata, detenidos el 1 de agosto, condenados el día 13 y ejecutados el 17 por un atentado que no cometieron. Ninguno de los magistrados del TS estaba en la carrera entonces. Él sí. También pudo aprovechar el momento para explicar a los anfitriones, sobre todo a Toxo, cómo denunció el proceso 1001, que el 20 de diciembre de 1973, sentó en el banquillo del T.O.P. a la dirección de CCOO, que fue condenada a penas de hasta 20 años de cárcel. No lo hizo. Qué virulento, qué magníficamente insobornable, el antifranquismo sobrevenido. Y qué torpes los sindicalistas con el protocolo. Deberían haber invitado al acto a Felipe González Márquez.