¿Incompetente o redundante?

Santiago González

Montilla y Mas han llegado al acuerdo de pedir al Parlament que el Tribunal Constitucional se declare incompetente sobre el Estatut. Consejos vendo y para mí no tengo. Es cierto que la incompetencia que debe confesar el Constitucional es muy precisa, mientras la que los espectadores apreciamos en los señores Mas, Montilla y asociados es de naturaleza inespecífica, más de amplio espectro. A esto se le llama el don de la alteridad.

El primer punto del papel enviado a la Mesa del parlament reafirma la plena constitucionalidad del Estatut, opinión que no es una rareza de esta pareja de hecho; también participan de ella y la han defendido en reiteradas ocasiones el presidente del Gobierno y el ministro de Justicia. Puestos en este plan, ¿quién necesita un Tribunal Constitucional, vamos a ver?

No es preciso considerarlo incompetente, tal como reclama el punto tercero del acuerdo Montilla-Mas. Bastaría declararlo redundante. Podría parecer chocante que un tribunal llamado ‘Constitucional’ no fuera el órgano adecuado para juzgar la constitucionalidad de las leyes. Cuantos opinábamos que el Estatut desbordaba el marco de la Constitución ya advertíamos de la dificultad y los problemas que entrañaría la cuestión después de aprobado en referéndum, aunque fuera con porcentajes ridículos. Pero para eso está el dictamen previo de inconstitucionalidad, no el absurdo de eximir de control constitucional precisamente a las leyes más importantes.

A partir de aquí, el punto segundo (instar a las cámaras a renovar el TC sustituyendo a los magistrados pasados de fecha) es innecesario. Basta el cuarto (reformar la LOTC para retirar en tiempo y forma a los caducados) y el Tribunal se iría amortizando a medida que los magistrados cumplen la edad de jubilación o el plazo de su mandato.

Se quejaba Mª Emilia Casas de que estamos en una crisis institucional y que el Tribunal que preside sufre una intolerable campaña de desprestigio. Montilla, ese lince, no sabe a quién se refiere. Pajín sí: como la rana que en la asamblea de la selva oye al león tronar contra “ese bicho verde que no me deja pegar ojo porque se pasa las noches croando” y comenta que “menuda bronca está echando el león al cocodrilo”. O sea, al PP.

Fue el TC quien se colocó a sí mismo en posición ilegítima al admitir a trámite el recurso de los populares contra el Estatut. Ya le había pasado antes al Tribunal Supremo al admitir la querella de Falange Española contra el juez Garzón. Falange es el PP, “amb Garzón i l’Estatut esta dreta ens ha fotut”; Supremo, Constitucional, el mismo carajal.

No llevarán la iniciativa al Congreso, donde la ministra de Defensa tendría que votar contra el presidente del Gobierno. En cambio, en la cámara alta, los senadores del PSC están en la Entesa y Zapatero les permitirá un brindis al sol. Salvo que decida unírseles, lo que tampoco es absolutamente descartable.

Mientras, Montilla podría convocar a su Consejo de Garantías Estatutarias para declarar inestatutaria la Constitución Española de 1978. Y convocar a los medios de comunicación catalanes para que expliquen el tema en otro editorial conjunto.