29 septiembre 2008

Un Alderdi Eguna incruento

Santiago González

Quedan seis meses para las elecciones autonómicas y el PNV afronta la recta final de la carrera con un caballo desfondado. ¿Qué hacer? Era tarde para casi todo. El partido se había dejado llevar por Ibarretxe durante demasiado tiempo con un doble registro: expresando disidencias por lo bajo e inquebrantables lealtades en voz alta.

La tradicional bicefalia partido-Gobierno se acabó con el fracaso de Lizarra, que estuvo a punto de costarle al PNV las autonómicas de 2001. Sus dirigentes habían descontado la derrota; el propio Xabier Arzalluz la admitió como segura el 11 de mayo de aquel año, durante su intervención en el mitin de cierre de campaña.

Contra el desánimo de los dirigentes peneuvistas, el lehendakari tiró del carro y obtuvo los mejores resultados electorales de la historia. A partir de entonces, Juan Josué fue el guía encargado de conducir al pueblo elegido, fracaso tras fracaso, hasta la tierra prometida del soberanismo. He aquí algunos hitos: el plan que llevaba su nombre, la presentación de una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la Ley de Partidos en septiembre de 2003 (Estrasburgo no la admitió a trámite), la decisión de incluir a portavoces de un partido ilegal en la ronda de conversaciones para formar Gobierno en 2005, como si fueran representantes legítimos de los ciudadanos y, finalmente, la ensimismada obstinación de la consulta, seguida por nuevo fracaso y otra huída hacia Estrasburgo que vuelve a quedarse en nada, apenas una carta con firmas a quien pueda interesar. Lo último parece que es una cadeneta humana entre Guernica y Vitoria, otra hazaña melancólica para quien no distingue sus ensoñaciones de los hechos.

Pero el partido le ha seguido en todas ellas y ahora, cuando las encuestas dan probabilidades a Patxi López y los grandes empresarios vascos se retratan con éste en una foto que nadie había conseguido antes, se oye un poco de crujir de dientes y los burukides se miran espantados en la experiencia de sus primos convergentes: ¡tenemos a tanta gente empleada en esto!

Era tarde para maniobrar y Urkullu debió de darse cuenta al ver la sintonía de las bases con el líder en su medio natural, la campa. Contento debió quedar salvando el cargo. Sus dos antecesores más inmediatos fueron liquidados (políticamente, se entiende) por Ibarretxe a la vista del respetable en sendos días como el de ayer: Arzalluz en el de 2003 debía de musitar por lo bajo: “Tu quoque, fili?” ante aquel Bruto sin otras armas que un abrazo y un “Xabier, te queremos; agur”, letales ambos.

Con otro abrazo se deshizo de Josu Jon Imaz en la misma campa, hace justo un año.

Urkullu no tenía alternativas. Ibarretxe ha definido los tiempos y las estrategias de manera que su partido no tuviera otro remedio que seguirle. No queda tiempo para inventarse otro candidato, por ahora inexistente y tratar de inventárselo podría ser peor. Mientras Ibarretxe tiene posibilidades de ganar, el alternativo no tendría ninguna. Ni siquiera podría llamar a la unidad de los nacionalistas, algo que viene siendo la marca de este lehendakari casi desde su primera investidura.

Por otra parte, en el peor de los casos, si pierde Ibarretxe, pierde con él todo el partido, desde el EBB hasta las bases, pasando por cargos institucionales y cuadros de medio pelo. El señor (lehendakari) nos lo dio, el señor (Ibarretxe) nos lo quitó; bendito sea su santo nombre. Ahora imaginen a quién culparían de la derrota, y en qué términos, si Urkullu hubiera podido imponer como candidato alternativo a alguien medianamente razonable.

26 septiembre 2008



El último debate

Santiago González


Había un olor a despedida en el último gran debate de la legislatura. El lehendakari hizo un discurso ccon los tres argumentos de siempre: balance autosatisfecho, la paz y la solución al conflicto, que tantos planes ha tenido: primero fue Lizarra; luego un plan de cosoberanía y de convivencia amable con España a través de un estatus de libre asociación, el ‘Plan Ibarretxe’, que, tras fracasar en el Congreso, fue sustituido por la hoja de ruta rechazada por el Constitucional basada en el derecho a decidir y su referéndum consultivo.


La principal novedad de su discurso es que por vez primera no anuncia planes alternativos. No había plan B como se temía Odón Elorza. Sí hubo autosatisfacción sobre los pasos dados por su Gobierno para poner en pie un nuevo modelo económico al tiempo que se avanza en la construcción social de Euskadi.


Es mucho el progreso de la sociedad vasca que él definió mediante una comparación virtual entre los datos de nuestra realidad y el ranking de los países de verdad sobre los distintos indicadores del bienestar. Y así resulta que nuestro país imaginario ostenta el tercer índice más elevado de desarrollo humano (IDH) en todo el universo mundo, justo por detrás de Islandia y Noruega y ganando por la mano a Australia. Mejor aún nos va en longevidad, indicador en el que somos los segundos, solo superados por Japón, por no hablar de nuestra envidiable sensibilidad respecto al medio ambiente, en la que sólo nos aventajan los suecos.


Se quejaba el lehendakari de que éstas y muchas otras realidades no hayan sido reflejadas en los medios de comunicación, porque “en las portadas mediáticas a veces prima la crispación por encima de la gestión real”.


En justa correspondencia, él ignoró en su discurso algunas novedades que la misma mañana de ayer anunciaban los medios de Comunicación. Sin recrearse, pero con aplomo, citó como una de sus conquistas el nuevo currículo vasco. Los periódicos del día daban cuenta de que el proyecto de sustituir los modelos lingüísticos por el modelo de inmersión que su Gobierno aprobó el 16 de octubre de 2007, se iba a dormir el sueño de los justos por la oposición al mismo del partido al que pertenece el lehendakari.


El discurso de Ibarretxe tiene un problema de lógica argumental bastante irresoluble: cómo armonizar un discurso sobre nuestra portentosa capacidad de gestión y nuestros logros, que el gozo le revienta por las cinchas del caballo con el lamento permanente sobre la falta de autogobierno. O estamos en Viernes de Dolores o en Pascua de Resurrección, pero no se puede estar en los dos al mismo tiempo. Si hemos llegado a ser los mejores del mundo, una de dos: o tenemos autonomía o el mérito es de quien nos gobierna.


Está, sí, nuestra intrínseca superioridad sobre los vecinos, entregados a la cultura del pelotazo y al consumismo, su becerro de oro hasta la crisis, mientras nosotros íbamos a lo nuestro, bajando calladamente del Sinaí las tablas de nuestra Ley: “la competitividad, la productividad, la innovación, la educación y el equilibrio social”.


A diferencia de los españoles, nosotros “nos hemos fijado un objetivo como Pueblo: ser el referente de la innovación en Europa” y ya sabemos que tenemos un factor diferencial en lo que la propaganda institucional de principios de los años 90 llamaba “materia prima vasca”, o sea, el material humano. Ya nos lo había advertido Sabino en un memorable arrebato antropológico publicado en ‘Bizkaitarra’: “El bizkaino es nervudo y ágil; el español es flojo y torpe”, caprichos de la Naturaleza que raramente reparte sus dones de manera equitativa.


El discurso de Ibarretxe está alimentado por un permanente abuso del método intuitivo. El hombre deja caer como quien lava sentencias axiomáticas como: “hemos iniciado un camino irreversible hacia la paz. Un camino sin retorno” o “en el siglo XXI, las soluciones pasan por consultar a la ciudadanía. Quien prohíbe la participación ciudadana, niega la esencia de la democracia”. Tampoco rehuyó las analogías sinsorgas como: la Ley es una alambrada, el Tribunal Constitucional, a quien dicta las sentencias el presidente del Gobierno, es la España, una, grande y libre del franquismo. Tuvo algún arrebato lírico resuelto en metáforas menestrales, en plan “me niego a asumir que sea ETA quien decida encender o apagar el interruptor de la esperanza”, aportó una cita literaria irrelevante, si no directamente apócrifa: “decía Borjes (escrito así en la transcripción que se entregó a los medios) que no te critica quien te simplifica”, dicharachos como: “no divide quien consulta, sino quien prohíbe consultar” o un clásico de la paz cuya autoría se disputan él y el presidente del Gobierno: “la Paz no tiene precio político, pero la política puede y debe hacer mucho por la Paz.”


En su primera réplica fue duro con las espuelas, tierno con las espigas, como Ignacio Sánchez Mejías y tuvo sentidas palabras de afecto para los tres socios del tripartito que también sonaron a despedida, pero no sabemos si se marcha él o estaba despidiendo a los invitados. Más pistas, mañana, en la campa.




Un presidente en Nueva York

Santiago González

Las declaraciones neoyorquinas del presidente del Gobierno revelan dos aspectos positivos: un interés por la política exterior que a veces no parecía de su competencia y la voluntad de cumplir con su deber, al publicitar la idoneidad de España como lugar para invertir.

Sin embargo, hay algo que sorprende en la forma de actuar del presidente, más allá de esa desenvoltura que le lleva a decir en el corazón de las tinieblas que tenemos deprimido a Berlusconi por el sorpasso y preocupado a Sarkozy porque estamos a punto de alcanzarlo.

Allí, ante un selecto auditorio de lo que Pepe Blanco llamaría “los tiburones del capitalismo en su madriguera”, dijo que España recuperará pronto la senda del crecimiento, gracias a sus cuentas públicas saneadas y a que cuenta con “el sistema financiero más sólido de la comunidad internacional”.

Es verdad que las cuentas están sanas y que el sistema financiero es solvente, gracias a que el Banco de España ha realizado bien su tarea supervisora y de control. Es cierto también que un gobernante debe exponer las fortalezas de su país y contextualizar sus debilidades en la medida de lo posible. También sucede que las expectativas que los agentes económicos tienen sobre el futuro contribuyen a acercarlo. En lo que se equivoca Zapatero es en considerar que él tiene capacidad para definir esas expectativas. Debería considerar que sus palabras no son la única fuente de conocimiento para un potencial inversor norteamericano, aunque no sea neocón y un exceso de optimismo descriptivo no modifica las expectativas de sus interlocutores; sólo resta credibilidad a su palabra.

Al día siguiente de su encuentro con aquel bouquet garni, el Banco Central Europeo daba a conocer que somos los penúltimos entre los países euro en competitividad exterior, que se ha deteriorado más del doble que en la superada Italia y 3,67 veces más que en la alcanzable Francia. Menos mal que nos queda Portugal. También nos salimos de la tabla en el desplome de la productividad laboral, casi el doble que en el conjunto de la Zona Euro. Al mismo tiempo, el euribor alcanzaba su máximo histórico, 5,484%. La semana que viene cumplirá un año una sentencia presidencial que se ha hecho célebre: “el euribor ha tocado techo”; hoy en día está todo en Google.

Se desconoce su estrategia para hacer frente a la innombrable con algo más que sus opiniones. Sabemos que sus propuestas incluyen el diálogo social, pero ni una palabra sobre qué va a proponer a empresarios y sindicatos. Hace meses, el presidente dijo muy acertadamente que el pesimismo no crea puestos de trabajo. El optimismo y el diálogo fomentan la convivencia y hacen la vida agradable, pero tampoco se conoce su efectividad para crear empleo.

Sabemos que va transferir renta a los más necesitados, objetivo justo y digno de alabanza, pero que en sí no va a mejorar la competencia, aumentar la productividad ni a encontrar la senda del crecimiento.

“Reivindicamos el papel regulador del Estado para garantizar los bienes públicos básicos y conseguir una distribución de la renta más equitativa”, dijo ayer en la ONU, con un discurso irreprochablemente socialdemócrata. El problema es que ese discurso tampoco se convierte en acción de Gobierno y choca, tal como le había advertido Felipe González, con uno de sus empeños: la reforma de la financiación autonómica y su hija natural: la máxima “a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga”. “No es razonable que los que dan más reciban menos." No lo dijo Artur Mas, sino José Montilla.

24 septiembre 2008

Justicia, ajo y preocupaciones religiosas

Santiago González

Y sucedió que los veinte hombres y mujeres justos y justas designados y designadas para el gobierno de los jueces por los dos principales partidos y partidas (huy, perdón, con lo bien que cuadraba aquí) y sus cómplices nacionalistas, que habían colocado su testaferro y su testaferra en el Consejo, se enteraron de la buena nueva por la prensa.

Y la nueva no era otra que, antes incluso de haber recibido las pertinentes órdenes, ya sabían a quién debían votar como presidente y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno lo había pactado con el líder de la oposición hacía dos meses. Si éste fuera un país normal se habría oído un revuelo de togas incómodas ante un hecho extraordinario: el presidente del Poder Ejecutivo les comunicaba a través de los medios quienes eran las personas que iban a presidir el órgano encargado de defender la independencia de los jueces. Admirable, aunque lógico. Después de todo, ellos, los veinte integrantes del órgano citado, habían sido designados de idéntica manera.

Hay más hechos extraordinarios, aunque el discurrir del tiempo va encarrilándolos por la vía de la costumbre. Un suponer, ayer quedó mucho más normal de lo que hubiera resultado hace cuatro años que el portavoz del PSOE en el Congreso reúna a los vocales de cuota del partido en la sede del mismo, en Ferraz. ¿Para qué? Se preguntarán ustedes. Para apaciguar los ánimos, impartirles instrucciones o leerles la cartilla, según.

Parece que “el paquete pactado entre Zapatero y Rajoy” no ha gustado a los vocales progresistas, que no se han planteado si su designación gustó a la mitad larga de la carrera judicial que no se siente representada por las asociaciones profesionales afines a los dos partidos. No debió gustarles por pactada en instancias extrajudiciales, pero su único reparo es que los designados no son progresistas, que ni siquiera lo es uno de los dos y que el nuevo presidente del Supremo y del CGPJ tiene tacha: sus creencias religiosas.

Las creencias (o su falta de ellas) deberían pertenecer al ámbito de lo privado. Su mezcla con los asuntos públicos es perversión incompatible con la democracia. Cuando lo público invade la esfera de lo privado, se incuba el totalitarismo. Cuando es lo privado quien se adueña de lo público es cuando nace la corrupción.

Con todo, el laicismo no es un inquisidor ciego: las creencias religiosas, asuntos que descalifican por sí mismos a los cargos públicos de la derecha, son apenas un rasgo de carácter en los de la izquierda. El 9 de julio de 2007 nos enteramos de que el presidente del Gobierno, que practica con tanto desparpajo la permeabilidad entre poderes, había ofrecido a José Bono la presidencia del Congreso de los Diputados para la presente legislatura. Faltaban ocho meses exactos para las elecciones. No hubo conato alguno de rebelión en el grupo parlamentario socialista por tan evidente injerencia, y tan extemporánea, en el gobierno del órgano parlamentario. Tampoco hubo un amago de solidaridad con un presidente tan solvente como Manuel Marín, a quien se le movió la silla de manera absolutamente indecorosa. En aquella ocasión, tampoco hubo la menor incomodidad por las acendradas creencias religiosas de José Bono, aunque él las exhibe de manera mucho más jacarandosa que el discreto Carlos Dívar.

El gran Julio Camba dejó escrito que la cocina española está demasiado influida por el ajo y las preocupaciones religiosas. Pues de la Justicia, mejor no hablamos.

22 septiembre 2008

Un eterno retorno

Santiago González

Habría que remontarse años atrás para encontrar otra noche como ésta, en la que ETA hubiera colocado casi 200 kilos de explosivos repartidos entre dos coches-bomba: uno en la nueva sede vitoriana de la Caja Vital y otro frente al cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa. LA manera de actuar frente al cuartel y la ausencia de llamada de aviso avalan la explicación dada por el consejero de Interior del Gobierno vasco, que la bomba estaba puesta para causar una masacre. Se habría producido si los agentes hubieran respondido a la provocación de los cócteles molotov en vez de seguir rigurosamente el protocolo y salir por la parte trasera del cuartel. Era más difícil que causara víctimas la bomba contra la Caja Vital. Se trataba, en todo caso de dos atentados con destinatarios simbólicos: el PSE, que gestiona la entidad financiera y el PNV, que gobierna la Policía Autonómica.
Es un vicio periodístico tratar de hallar, detrás de un atentado, cuál es la razón del mismo, la causa que ha llevado a un comando etarra a montar un coche-bomba.

Tarea inútil. Sea para vengarse por la ilegalización de las siglas de la izquierda abertzale, sea para obligar a los poderes del Estado a sentarse en la mesa de la negociación, a nadie que esté decidido a poner una bomba de 100 kilos deben de faltarle pretextos, que a él le parecerán extraordinarias razones para actuar.
Ondarroa es una localidad vizcaína de 10.000 habitantes situada a unos 60 kilómetros de Bilbao, en la frontera con Guipúzcoa. Fue uno de los municipios en los que se anularon las listas de ANV para las municipales de 2007. No hubo campaña electoral, nadie se atrevió a acercarse al pueblo a dar un mitin. Los votos nulos, opción elegida por la marca de Batasuna para poder contabilizar sus apoyos, fueron 2.195; el PNV obtuvo 1.720. Los partidos que alcanzaron representación fueron: PNV, EA, EB y PP. Sólo el concejal del PP, Germán López Bravo se atrevió a hacerse cargo de su acta y hubo que nombrar una gestora presidida por un afiliado al PNV.

El lehendakari Ibarretxe tiene hoy una agenda muy apretada. Presenta en Irún la primera unidad del futuro tranvía de Vitoria, fabricado por CAF y presidirá la inauguración del curso académico en la Universidad de Deusto. Es asombroso que ayer no tuviera tiempo para expresarse tras un atentado contra el cuerpo de seguridad cuya jefatura suprema ostenta él mismo.

Es una buena ocasión para que se replantee el mantra que ha venido repitiendo durante los últimos años, que sus planes y sus consultas son caminos hacia la paz. Es también una oportunidad para que el Gobierno central se replantee si la violencia va a determinar la ruptura del mundo abertzale con ETA o, muy al contrario, es precisamente la sangre la especie bajo la que comulgan los fieles en esta misa negra. ETA está más débil, es cierto, pero se ha recompuesto, tiene capacidad para hacer daño y vuelve a los atentados con el mismo propósito de siempre: acumular fuerzas para obligar al Estado a sentarse en la mesa de negociación. Un día, algún Gobierno o el partido de la oposición enviará a un Eguiguren a charlar con un Arnaldo, etcétera. Algún precedente hay.

De momento, tenemos un asunto más concreto para reflexionar: ¿Qué efectos va a tener el coche bomba de la madrugada del domingo sobre una población y su gestora atenazadas por el miedo?¿Puede decirse que ETA está derrotada en Ondarroa, un pueblo en el que la indignación de los vecinos solo se expresa con sordina, donde no se puede levantar la voz ni para quejarse?

20 septiembre 2008

Manifiesto al aire

Santiago González

El lehendakari es el primero de los políticos que dio una generación de servidores públicos caracterizada por un rasgo común. Han llegado a gobernar la cosa pública sin una biografía previa que acredite su capacidad para gestionar asuntos privados, sin una experiencia que parece deseable: el peso de la responsabilidad, saber que de sus decisiones dependían cuestiones muy concretas, como los empleos de medio centenar de trabajadores o la cuenta de resultados de la empresa. Haber sentido la experiencia de enviar un currículo a un empresario y conocer el precio de mercado de sus habilidades y su experiencia profesional.

Ibarretxe fue el primero que pasó directamente de la Facultad de Económicas a la alcaldía de Llodio. Los políticos de ahora salen ya de los batzokis encastrados en las listas electorales, listos para desempeñar el cargo. Es cierto que esto pasa también en otros partidos, pero en niveles muy diferentes. Los socialistas o los populares están sometidos a los caprichos electorales de la plebe, que puede encargarles el Gobierno o enviarles a la oposición. Es, asimismo verdad que en la oposición también hay cargos públicos y que el futuro de los candidatos lo diseñan los que elaboran las listas, pero no hay color. Cuando se tiene el Gobierno hay muchos más puestos al sol, asideros para no caerse, plazas próximas al pesebre y el PNV lleva más de treinta años sin conocer otra cosa que el triunfo, salvo aquel brevísimo tiempo en que el socialista Ramón Rubial presidió el Consejo General Vasco. Son muchos los políticos que, incluso poseedores de un buen expediente académico, carecen de contacto con el mundo real, con la economía de verdad que deja víctimas de carne hueso, estadísticas de empresas cerradas y parados que van quedando al borde del camino. Hágase el lector con la lista del primer Gobierno autonómico en 1980 y compare las biografías de sus integrantes con las del actual tripartito vasco. No hay color, oigan.

Son lógicas diferentes. En la vida real hay fracasos que se pagan con la dimisión. Son lógicas distintas. El capitán de un barco naufragado se presentó en la sede central que la compañía naviera tenía en Bilbao y le dijo al capitán-inspector de la misma: “Supongo que estoy despedido”. “No, hombre”, replicó su interlocutor. “Díganos que barco quiere hundirnos ahora”. El lehendakari salvador de 2001 fue el artífice del fracaso de su plan en 2005.

El sábado que viene se van a cumplir seis años desde el día en que Ibarretxe presentó en el Parlamento el plan que llevó su nombre, aquella frágil barca del amor que se estrelló contra la vida cotidiana, por decirlo con palabras de Maiakovski y contra una mayoría apabullante del Congreso, que es el depositario de la voluntad soberana de los españoles, por decirlo en los términos, más espesos, pero inequívocos, de la Constitución de 1978.

Cuatro años antes, Ibarretxe había sido el hombre del PNV para el Gobierno vasco, mientras el partido se engolfaba un poco en el diálogo con ETA y firmaba el compromiso de Lizarra. También fue la encarnación de la divina providencia cuya tenacidad salvó al partido de la derrota electoral y la pérdida del poder en mayo de 2001. Él fue también el responsable del fracaso de su plan en 2005. Y de esta intentona en 2008 ¿Puede un político sobrevivir a dos fracasos que lleva su nombre? Puede, aunque no debe. Es mal asunto que los políticos no depuren con la dimisión los errores cometidos en el ejercicio de su cargo. Les acostumbra a creer en la impunidad y ese es un mal asunto para la vida democrática.

El lehendakari y su partido no paran de dar bandazos desde las elecciones de marzo. El 18 de agosto expresó Ibarretxe su creencia en que el Tribunal Constitucional autorizaría su consulta porque él no conocía “ningún argumento serio” para oponerse al plebiscito. El 1 de septiembre lanza un órdago: si antes del día 15 no ha habido un pronunciamiento favorable del TC, el lehendakari propuso y se propuso denunciar al Gobierno español ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: “vayamos todos, y yo el primero, por la senda de la insurrección”, por decirlo con palabras (aproximadas) de Fernando VII.

Habría sido la tercera vez. El Tribunal de Estrasburgo ya había rechazado dos denuncias del Gobierno vasco contra el español: una de 1997, contra la dispersión de presos y otra de 2003 contra la Ley de Partidos. En los días que llevamos de septiembre, la iniciativa se ha ido desdibujando hasta quedarse en nada: un manifiesto sin destinatario en el que los firmantes se declaran partidarios de la consulta. Es la expresión de un deseo individual, tan legítimo como inane, el parto de los montes: un ratón.

18 septiembre 2008

Babel de lenguas propias

Santiago González

En la España de la pluralidad diversa tienen mala prensa el común denominador y la koiné. Sólo hasta cierto punto, porque la misma lógica particularista tiende a dimitir de sí misma cuando prefiere el concepto monolítico de ‘pueblo’ a la voluntad, plural y diversa, de los ciudadanos considerados como individuos.

Una parte importante de los españoles, mayoritaria a juzgar por el mapa electoral, tiene una gran confianza en el modelo lingüístico de la torre de Babel para comunicarse con la peña. Al fin y al cabo, “las lenguas están hechas para entenderse”, dijo el presidente Zapatero, sin añadir una precisión necesaria: sus hablantes entre sí. En caso contrario, cabría pensar que cuantas más lenguas se hablen en un territorio determinado, tanto mejor se comunicarán sus habitantes. ¿Era Babel o bable?

Ya tenemos bastante problema para entendernos en la koiné. Un suponer, durante la sesión de control parlamentario al Gobierno del pasado miércoles y en respuesta a una brillante analogía del diputado del BNG Francisco Xesús Jorquera entre la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la de los idiomas, Zapatero defendió “un derecho incuestionable, que es el uso bilingüe de una lengua cooficial”, según consta en el Diario de Sesiones del Congreso. ¿Qué maravillas no veremos cuando Jorquera pregunte en gallego y la ministra de Defensa le responda en catalán?

Los socialistas de Marcelino Iglesias tratan de conseguir apoyos para el anteproyecto de Ley de Lenguas de Aragón con que tratan de cumplir el artículo VII de su Estatuto de Autonomía: “las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón gozarán de protección. Se garantizará su enseñanza y el derecho de los hablantes en la forma que establezca una ley de Cortes de Aragón para las zonas de utilización predominante de aquéllas.”

En ello están. En levantar trabajosamente el concepto de las lenguas propias y sus hermosas paradojas, porque las lenguas propias de Aragón son tres, a saber: castellano o español, considerada “mayoritaria y oficial” en el pretexto. Las otras dos son “propias e históricas”: el aragonés y el catalán. La primera tiene un número de hablantes repartido entre varios dialectos (panticuto, belsetán, chistabín, ansotano y patués) que suman entre los 5.000 y los 15.000 y viven en la parte norte de Huesca, junto al Pirineo aragonés. La segunda, es el catalán que hablan algo más de 50.000 habitantes en la franja oriental de Aragón que linda con Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana.

¿Es más aragonesa una lengua que permite la comunicación con 10.000 hablantes aragoneses o con los 50.000 catalanoparlantes de La Franxa que una que se comparte con 1.265.354 habitantes que la Comunidad Autónoma tiene en edad de expresarse con fluidez? (Datos del padrón municipal de habitantes al 1 de enero de 2008).

Misterios de la fe y de los nacionalismos. Fe es creer lo que no vimos y lengua propia e histórica es la que menos hablamos y con menos propiedad. No parece que el anteproyecto tenga muchas expectativas de futuro, dada la oposición del PAR, socio de Gobierno de los socialistas, pero hay algo en este anteproyecto que es muy notable. Los socialistas aragoneses son los únicos que conocen la diferencia entre la enseñanza “de” y la enseñanza “en” una lengua, algo que parecían ignorar el presidente del Gobierno, la vicepresidenta, la ministra de Educación, el president Montilla y su antecesor Pujol, entre otros, a juzgar por sus críticas al Manifiesto por la Lengua Común. Menos da una piedra.

17 septiembre 2008




Una carta más y una sentencia

Santiago González

Se cumplían ayer diez años de la tregua que ETA pactó con el PNV y EA, aunque la efemérides no fue uno de los misterios gozosos del Rosario. Precisamente ayer dio a conocer el Tribunal Supremo la ilegalización de ANV por suceder a Batasuna. Lo que se conoce del fallo repite tres de los cinco puntos que contenía la sentencia con que el mismo tribunal ilegalizó Batasuna, el 27 de marzo de 2003: declara la ilegalidad, acuerda la disolución y la liquidación patrimonial de sus bienes. Con toda probabilidad, también ordenará el cese inmediato de sus actividades y la cancelación de su inscripción en el Registro de Partidos.

También supimos ayer que Joseba Urrusolo, ‘Langile’ y Carmen Gisasola, ‘La Gorda’ se han dado al género epistolar que antes cultivaron Txelis y Kepa Pikabea, expulsados del colectivo de presos etarras el pasado mes de febrero. En Euskal Herria, a lo que se ve, se valora más lo bertsolari, el peso de la tradición oral. Es el hecho diferencial, causa de que expresiones como “se va a armar la Gorda” hayan tenido en el País Vasco un significado propio.

Tampoco les fue muy bien a Pakito, Makario y sus cinco abajofirmantes: en agosto de 2004 escribieron una carta a la dirección de ETA con el fin de transmitir –“trasladar”, diría Ibarretxe- a la banda su impresión de que “el motor de la lucha armada” no funcionaba y que así no iban a abrir ninguna posibilidad negociadora. Expresaron una verdad objetiva en un momento equivocado. Tres meses después, el 14 de noviembre, Arnaldo Otegi hizo su famosa propuesta de diálogo de Anoeta y el presidente del Gobierno se la aceptó. Escribir una carta para decir que con esta estrategia ningún Gobierno va a negociar contigo y ser desautorizado por el mismísimo presidente, debe de poner cara de gilipollas a cualquiera. Pakito y los suyos trataron de replegar velas, pero ya era tarde: fueron expulsados del colectivo de presos primero y de ETA después.

La ilegalización de ANV y la más que probable de EHAK, que comienza mañana, son un paso fundamental para acabar con el terrorismo. Es verdad que ETA está débil, pero no como consecuencia de la negociación, como parece deducirse de las palabras del ministro Rubalcaba, sino a pesar de. Hoy, un partido sucesor de Batasuna e instrumento de ETA cuenta con 42 alcaldes y 439 concejales que van a seguir siéndolo hasta 2011 y eso ocurrió porque se aceptaron como buenas listas más contaminadas que las vieiras de la Ría de Ferrol.

La democracia municipal vasca todavía será sometida a algunas humillaciones y ridículos, como las inefables mociones éticas del PNV y el PSE en los ayuntamientos de ANV, tras el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco. La carta de Urrusolo y Gisasola es un síntoma de la debilidad de ETA. La sentencia del Supremo, un remedio para los errores de gente muy principal durante el proceso de paz y aun después. Recuerden el “Guantánamo electoral” y el “hemos ido demasiado allá” del fiscal general en un desayuno de Europa Press hace 16 meses; el “quiero recordar que ANV es un partido legal desde los años 30, que ha vivido en democracia durante todo este tiempo sin que nadie le haya puesto tacha de ilegalidad”, del presidente del Gobierno, entrevistado por Gabilondo el 7 de junio de 2007, así como el “haber ilegalizado ANV hubiera sido una medida desproporcionada”, del ministro de Justicia y “los votos de ANV son completamente legales”, de la vicepresidenta De la Vega, en rueda de prensa conjunta el 15 de junio de 2007. Ah, la toxina amnésica de las vieiras.

15 septiembre 2008




Hay que pasarle más garlopa

Santiago González

Recordarán ustedes la cantidad de promesas que hicieron el Gobierno y el partido que lo sostiene respecto al Estatuto de Autonomía de Cataluña desde que Zapatero provocó el delirio de Maragall y los asistentes al mitin del PSC en el Palau de Sant Jordi el 13 de noviembre de 2003, al decir: “aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña”.

El propio Zapatero, que había salvado el proyecto del naufragio al término de sus tramitación parlamentaria en septiembre de 2005, dijo el 12 de octubre de aquel año que el Estatut quedaría “limpio como una patena” a su paso por el Congreso. La noche del 21 de enero tuvo que volver a salvarlo in extremis en una negociación de tabaco y prisas con Artur Mas, realizada a espaldas del PSC y que supuso el principio del fin para Maragall.

Seis meses después, el 8 de abril de 2006, el presidente de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra, dijo en Barakaldo a las JJSS que “al Plan Ibarretxe lo cepillamos antes de entrar en la comisión y al otro (el Estatut) lo cepillamos como carpinteros dentro de la comisión".

El Estatut fue aprobado en referéndum el 18 de junio con más pena que gloria. Ciertamente, con mucha más pena y bastante menos gloria que el Estatut de 1979, al que derogaba. La clase política catalana sustituyó el de Sau por un texto que solo fue votado afirmativamente por uno de cada tres catalanes, que motivó una participación diez puntos menor y un porcentaje de votos afirmativos inferior en quince puntos.

Para ese resultado se habían embarcado los estatuyentes en un proyecto apabullante. Donde el Estatut del 79 tenía 57 artículos, estos redactaron 223, o sea, 54 más que la Constitución Española. La cosa no es muy de extrañar si se tiene en cuenta que el Estatut es, para sus adeptos, el marco en el que debe interpretarse la Constitución. De ahí un articulado tan generoso que supera cualquier otra Ley Fundamental de nuestro entorno, salvo la portuguesa, que tiene 299. Vaya en su descargo que nuestros vecinos del oeste son de natural pomposo y además la elaboraron al calor de la Revolución de los claveles. La Constitución de la V República tiene 89 artículos, la Ley Fundamental de la RFA, 146; la República Italiana, 139 y Suecia, 132. La de la 2ª República Española tenía 125.

A pesar de contar con 166 artículos más que el anterior, al vigente Estatut no le cupo ninguno como éste que incorporaba a su preámbulo, el texto de 1979: “Cataluña, ejerciendo el derecho a la autonomía que la Constitución reconoce y garantiza a las nacionalidades y regiones que integran España, manifiesta su voluntad de constituirse en Comunidad Autónoma.”

Es una lástima, porque un artículo como éste sí encajaría en la teoría que el Tribunal Constitucional ha explicado a Ibarretxe con bastante claridad. En su lugar, la mayoría del Parlament, con el cepillado de Guerra y el paño de limpiar patenas de Zapatero, han hecho posible un texto que dice: “Los poderes de la Generalitat emanan del pueblo de Cataluña y se ejercen de acuerdo con lo establecido en el presente Estatuto y la Constitución.” Va a ser que no. El Tribunal Constitucional ha dejado claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español, no en el pueblo vasco y no hay razón para pensar que no mantenga el mismo criterio si el pueblo alternativo es catalán. Tampoco parece que la bilateralidad y el pacto entre iguales que entraña vayan a tener encaje en la doctrina que emana de su última sentencia. Al Estatut todavía hay que pasarle más garlopa.


13 septiembre 2008




El bonzo de Llodio (Part three)


Santiago González

Contaba hace años en El País el malogrado Ángel Fernández-Santos que Berlanga trataba de poner en pie a mediados de los años sesenta una película inspirada por los cambios litúrgicos que trajo el Concilio Vaticano II. Se trataba de un matrimonio segoviano que regentaba una librería religiosa en la plaza del Azoguejo. El fin de las misas en latín sorprende a los citados con una gran partida de misales ancien règime recién comprados.

Aquello era la ruina y a la mujer se le ocurrió una idea luminosa en sentido estricto. En 1963 había conmovido al mundo la autoinmolación del monje Thich Quang Duc, que se prendió fuego en el centro de Saigón para protestar por la represión que el Gobierno de Ngo Din Diem desarrollaba contra la religión budista. La librera considera que ése es el camino y propone a su marido se dé candela en lo alto del acueducto. Atascado en ese gran momento, Berlanga llamó a Rafael Azcona que encontró una solución brillante. La buena señora cruza con decisión la plaza hacia el lugar del sacrificio con una tea encendida en la mano. Detrás, el resignado consorte, arrastraba dos latas de gasolina mientras mascullaba: “¡Que no puede ser, María, que ya verás como volvemos a hacer el ridículo!”

El lehendakari convocó ayer a los medios para explicar su reacción tras el varapalo que el Tribunal Constitucional acababa de propinar a su proyecto de referéndum. Ibarretxe I, el Minucioso, no cumplirá la cita con las urnas que había escrito en su agenda, según aseguró a finales de octubre del pasado año. El hombre sabía el día y también la hora: el 25 de octubre próximo, a las nueve y media.

Era la tercera vez. La primera, a la que se subió en marcha, fue el pacto de Lizarra-Garazi, que cumplió ayer diez años justos. La segunda, el llamado Plan Ibarretxe, se estrelló contra el Congreso de los Diputados el 1 de febrero de 2005. El Constitucional acaba de tumbar su tercer intento con parecidas maneras a las que un crítico empleó con el autor que le pedía parecer sobre un guión suyo que le había remitido: “sólo le veo dos problemas: las descripciones y los diálogos”. El TC ha fallado la inconstitucionalidad de la Ley de Consulta por la forma y por el fondo. La absurda tramitación parlamentaria en lectura única “vicia de inconstitucionalidad” la Ley rechazada. La consulta es un referéndum que el lehendakari no tiene competencias para convocar. El sujeto de la soberanía nacional no es el pueblo vasco, sino el pueblo español (art. 1.2 de la CE) y no es que eso no pueda cambiar, pero para ello habría que reformar la Constitución por la vía que ella misma prevé en tal caso y no mediante una ley aprobada en un Parlamento autonómico.

Ibarretxe I, el indomable, anuncia ahora su cuarto intento, sin que los tres fracasos anteriores le hayan llevado a sopesar siquiera la posibilidad de dimitir. Como Bill Murray en ‘El día de la marmota’, el lehendakari se levanta de la cama y vuelve al guión de Berlanga justo donde lo había dejado el día anterior. Una vez que ha hecho el ridículo, vuelve a intentarlo una vez más y empuña la tea mientras camina hacia Estrasburgo, seguido por el presidente del PNV que rezonga: “que no, Juanjo, que vamos a volver a hacer el ridículo”.

Alguien de su partido debería decirle de una vez que la antorcha que empuña está apagada. Algún socialista debería decirle a Zapatero que algún día, quizá para la sexta intentona de Ibarretxe, tendría que hacer acuse de recibo a su socio preferente, que todos estamos haciendo el ridículo.


12 septiembre 2008




El día de Gunga Din



Santiago González

El 11 de septiembre se nos amontonan las efemérides. Ayer se cumplieron 35 años del golpe de Estado con el que el Ejército chileno interrumpió la experiencia de Salvador Allende. Se cumplían siete años del atentado contra las torres Gemelas. Los catalanes celebraban otros dos: un cuarto de siglo de la entrada en funcionamiento de TV-3 (un canal de televisión es un siempre un hecho nacional) y la Diada, la conmemoración del momento en que Rafael Casanova i Comes, abogado y conseller en cap de Barcelona, se convirtió en un Gunga Din que se adelantó en dos siglos a Sam Jaffe, actor que encarnó al personaje de Kipling en la película dirigida por George Stevens en 1939.

Casanova no era el cabo aguador de su regimiento y no tenía trompeta con la que alertar a las tropas británicas desde lo alto del templo hasta su último soplido. En realidad, él era partidario de rendirse a las tropas de Felipe de Anjou y disfrutó de una vida más larga, pero 11 de septiembre de 1714 tuvo un arranque y llevó hasta la muralla de los defensores el estandarte de Santa Eulalia, un anuncio del peligro que corría Barcelona. Tras ser herido en una pierna, eliminó de los archivos los papeles que lo comprometían y consiguió falsificar un certificado de defunción para huir de la ciudad disfrazado de monje. Obtuvo el perdón de Felipe V, volvió a ejercer la abogacía en Barcelona y murió a los 83 años en Sant Boi, donde está enterrado.

Todos los años, los partidos catalanes, incluido el PP, realizan una ofrenda ante la estatua del héroe en Barcelona. La gracia del asunto reside en que los independentistas insultan al PP y a quien se tercie: ayer, a Montilla y al Barça. Para acompañar el evento, un centenar de Ayuntamientos catalanes decidieron izar la bandera independentista en la casa consistorial. Los alcaldes pertenecen a CiU y ERC, pero también a ICV y al PSC.

Habíamos conllevado a la manera orteguiana el nacionalismo catalán, el pujolismo de CiU, pensando que nada es eterno y resulta que cuando se produce el cambio es cuando empieza la verdadera pesadilla: el pujolismo del PSC y sus socios, que es como el anterior en versión friki.

El problema de que los españoles quieran homologarse mediante la adopción de objetivos nacionalistas es que sus esfuerzos están condenados al fracaso. Lejos de contribuir a darles carta de naturaleza en Cataluña o Euskadi, sólo sirven para excitar el celo reivindicativo de los nacionalistas y a elevar el listón de sus reclamaciones. La izquierda se arrima a Azaña, ignorando la prudente advertencia que le hizo Ortega durante el debate que ambos sostuvieron a propósito del Estatuto de Cataluña, sobre lo contraproducente de querer resolver de una vez el problema catalán: el esfuerzo no haría más que enconarlo; “en cambio, es bien posible conllevarlo”.

El debate tuvo altura en mayo de 1932. Hoy, la altura se debe a desdichadas metáforas aeronáuticas con las que los nacionalistas quieren disponer una pista para que aterricen los más radicales de los suyos. Los socialistas quieren habilitar otra para que los nacionalistas bajen de las nubes y aprendan a sentirse cómodos en España. La experiencia ha demostrado que, lejos de facilitar el aterrizaje, la pista acaba siendo de despegue para quienes antes creían, con el título de una película de Robert Altman, que “El volar es para los pájaros”, esos alcaldes estelados del PSC, un suponer.

El cargo de Casanova, conseller en cap, fue el mismo que Maragall adjudicó 290 años después a Josep Lluís Carod-Rovira. No diré más.

10 septiembre 2008



¡Vaya panorama!

Santiago González

El Informe ‘Panorama de la Educación 2008’ conocido ayer arroja resultados no muy positivos para España en términos comparativos con la media de los países de la OCDE. Entre la treintena de socios, sólo Portugal y México superan el 50% de ciudadanos que no tienen más estudios que los obligatorios, 19 puntos por encima de la media. El 28% de los estudiantes no tiene título de Bachillerato o similar, lo que nos sitúa 11 puntos por debajo de la media y también los antepenúltimos. Mejoramos bastante en el porcentaje de ciudadanos que ha cursado estudios universitarios. Con un 28%, nos situamos los séptimos y estamos por delante de Francia e Italia.

Hay algún otro aspecto que nos es favorable: la tasa de equidad (hijos de trabajadores manuales que acceden a estudios universitarios) es la más alta, con un 40%, si bien el gasto educativo respecto al PIB es menor en un 0,7% a la media de los países de la OCDE y de la UE.

No son datos muy estimulantes. No lo suficiente, al menos, como para abonar el extraordinario optimismo gubernamental ni esa suave demagogia latente en expresiones como “sois la generación mejor formada de la historia de España”, dirigida a una peña de jóvenes mileuristas que viven mayormente en el domicilio paterno. La ministra de Educación, que es mujer de buen sentido, no podía evitar la tentación el pasado fin de semana en la entrevista de Yo Dona: “Tenemos el mejor sistema educativo que ha habido nunca en España”. Son legión los españoles que comparan su bachillerato con los saberes de los adolescentes en los concursos televisivos con un punto de nostalgia. No porque aquel sistema fuera bueno, sino porque, al menos, proporcionaba una pátina de eso que antaño recibía el nombre de cultura general. Es verdad que se puede reprochar a estos ciudadanos que se dejan llevar por el subjetivismo al hacer su análisis, pero no parece que el método científico de Mercedes Cabrera sea mucho más objetivo: “es muy difícil explicar que un país crezca, se modernice y se democratice sin que funcione la educación”. La ministra debería considerar que hasta hace unos meses, el que más empujaba el PIB era el Pocero, no diré más.

Si hay entre todas las políticas sectoriales una que merece ser considerada especialmente como política de Estado, esa es la educativa. Las leyes que ordenan la educación en un país deben ser garantía de estabilidad y no cuesta trabajo suponer por qué: la formación de los ciudadanos y los profesionales del mañana debe estar al margen de las disputas partidarias y los avatares políticos. No es el caso. La democracia española ha conocido en los 30 años transcurridos desde la aprobación de la Constitución seis leyes de Educación, además de la de Villar Palasí, que estuvo vigente los dos primeros años de nuestra vida constitucional: LOECE, 1980; LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE, 2002 y LOE, 2006.

Es un detalle muy revelador del principal de nuestros demonios familiares: la falta de acuerdos básicos de convivencia. No se trata ya de que cada Gobierno entrante venga con su Ley educativa bajo el brazo para sustituir la anterior. Así ocurrió con la nonata LOCE. El PP, que gobernaba entonces con mayoría absoluta, no hizo esfuerzo alguno por recabar acuerdos y el PSOE ni siquiera permitió su estreno. Lo más significativo es que en los 14 años de la primera etapa socialista de Gobierno se hicieron tres reformas y otras tantas leyes. Las normas que rigen la Educación, como las constituciones, es mejor que sean longevas. La brevedad de las leyes educativas y su partidismo son un requisito para rediseñar las dos Españas.