Nueva Ley de Aborto
Santiago González
Vamos a tener nueva Ley del Aborto. Una de las peculiaridades más notables de la gestión gubernamental es la práctica del juego de inversión, que consiste, un suponer, en resolver los asuntos del Gobierno en el ámbito del partido y hacer de las cuestiones partidarias asunto del Gobierno. Así, por ejemplo, se nos han anticipado muchas medidas a tomar por el Ejecutivo en los mítines del PSOE, mientras el presidente coordinaba a los barones de su partido invitándoles a cenar en La Moncloa.
Zapatero ha incumplido voluptuosamente promesas electorales. Recuerden aquella del Palau de Sant Jordi, que ERC imprimió en 100.000 postales: “Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya. José Luis Rodríguez Zapatero. Barcelona, 13 de noviembre de 2003”. O el compromiso que figuraba en el Programa Electoral de 2004 sobre el Pacto Antiterrorista: “nos comprometernos a mantenerlo vivo y en vigor hasta la derrota total de ETA o su disolución efectiva”, el mando único de la Policía y la Guardia Civil y algunas otras cosillas.
El último programa socialista de Gobierno prometía una reflexión que llevara a un amplio consenso social sobre el aborto: “Promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (L.I.V.E., qué soberbia paradoja) y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria.”
Una vez más, lo que no propusieron en el lugar adecuado, lo resolvieron en el interior del partido. El XXXVII congreso del PSOE aprobaba cuatro meses después de las elecciones, lo que habían prometido en 2004 y, después de no cumplirlo, no se atrevieron a proponer en 2008: una nueva ley de plazos para regular el aborto. Según ha dejado claro la ministra del Ramo, el Gobierno "inicia el camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, sino una ley nueva que será la mejor posible". Con el fin de garantizarse este resultado, han subcontratado el trabajo de elaboración del proyecto a un comité externo ma non troppo, como debe hacerse en estos casos.
Los problemas que tocan a la entrepierna son en este país el escaparate de la ambigüedad moral judeocristiana. En 1985 no se podía implantar una Ley de Plazos para regular el Aborto, cosas del qué dirán, y se tiró por una vía intermedia que permitiese la trampa mediante certificado amigo que advirtiera sobre el peligro que la continuidad del embarazo podría tener para la gestante. El resultado es que vienen a abortar a España mujeres de países en los que rige desde hace años una ley de plazos. En la muy liberal Dinamarca no se puede abortar con siete meses de preñez y aquí, sí. Era altamente turbadora la información de que el personal de algunas clínicas llamaba familiarmente ‘rompecocos’ a las máquinas trituradoras de fetos.
Son cuestiones muy complejas que seguramente nos vienen de la mano de la crisis económica. Mayormente para cambiar de tema. Si la ministra Aído admite sugerencias me permitiría recomendarle el fichaje del ex dirigente abertzale Txomin Ziluaga para su comité de expertos. En la campaña de 1982 que llevó a Felipe a la Presidencia, participó en una mesa redonda sobre el asunto. Y dijo: “no es que nosotros seamos partidarios del aborto, pero hay que tener en cuenta que cada año abortan en Euskadi 3.000 mujeres en unas condiciones de salubridad que peligra, no sólo la vida de la madre, sino también la de la criatura.” Quizá una propuesta así pudiera ser objeto de consenso.
Zapatero ha incumplido voluptuosamente promesas electorales. Recuerden aquella del Palau de Sant Jordi, que ERC imprimió en 100.000 postales: “Aceptaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Catalunya. José Luis Rodríguez Zapatero. Barcelona, 13 de noviembre de 2003”. O el compromiso que figuraba en el Programa Electoral de 2004 sobre el Pacto Antiterrorista: “nos comprometernos a mantenerlo vivo y en vigor hasta la derrota total de ETA o su disolución efectiva”, el mando único de la Policía y la Guardia Civil y algunas otras cosillas.
El último programa socialista de Gobierno prometía una reflexión que llevara a un amplio consenso social sobre el aborto: “Promover la reflexión, atendiendo al debate social, sobre la vigente Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (L.I.V.E., qué soberbia paradoja) y la posibilidad de modificarla con el fin de garantizar la equidad en el acceso y la calidad de esta prestación sanitaria.”
Una vez más, lo que no propusieron en el lugar adecuado, lo resolvieron en el interior del partido. El XXXVII congreso del PSOE aprobaba cuatro meses después de las elecciones, lo que habían prometido en 2004 y, después de no cumplirlo, no se atrevieron a proponer en 2008: una nueva ley de plazos para regular el aborto. Según ha dejado claro la ministra del Ramo, el Gobierno "inicia el camino para la elaboración de una nueva ley, no una reforma de la actual, sino una ley nueva que será la mejor posible". Con el fin de garantizarse este resultado, han subcontratado el trabajo de elaboración del proyecto a un comité externo ma non troppo, como debe hacerse en estos casos.
Los problemas que tocan a la entrepierna son en este país el escaparate de la ambigüedad moral judeocristiana. En 1985 no se podía implantar una Ley de Plazos para regular el Aborto, cosas del qué dirán, y se tiró por una vía intermedia que permitiese la trampa mediante certificado amigo que advirtiera sobre el peligro que la continuidad del embarazo podría tener para la gestante. El resultado es que vienen a abortar a España mujeres de países en los que rige desde hace años una ley de plazos. En la muy liberal Dinamarca no se puede abortar con siete meses de preñez y aquí, sí. Era altamente turbadora la información de que el personal de algunas clínicas llamaba familiarmente ‘rompecocos’ a las máquinas trituradoras de fetos.
Son cuestiones muy complejas que seguramente nos vienen de la mano de la crisis económica. Mayormente para cambiar de tema. Si la ministra Aído admite sugerencias me permitiría recomendarle el fichaje del ex dirigente abertzale Txomin Ziluaga para su comité de expertos. En la campaña de 1982 que llevó a Felipe a la Presidencia, participó en una mesa redonda sobre el asunto. Y dijo: “no es que nosotros seamos partidarios del aborto, pero hay que tener en cuenta que cada año abortan en Euskadi 3.000 mujeres en unas condiciones de salubridad que peligra, no sólo la vida de la madre, sino también la de la criatura.” Quizá una propuesta así pudiera ser objeto de consenso.
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