Todos tenemos abuelos

Xavier Pericay

La semana pasada el Consejo de Ministros se celebró en León en vez de celebrarse en Madrid. Dicen que a partir de ahora ocurrirá a menudo. No lo de hacerlo en León; lo de no hacerlo en Madrid. A este paso a Madrid ya sólo le quedarán los atascos.El que León fuera la ciudad escogida tuvo, claro, sus razones. Los analistas destacaron dos. Unos, benévolos, quisieron ver en ello un puro ramalazo sentimental: aunque nacido en Valladolid, el presidente del Gobierno ha considerado siempre León como su patria chica. Otros, algo malévolos, vieron en la convocatoria un intento por parte del secretario general del PSOE de erosionar el granero de votos con que cuenta el PP en aquella Comunidad. (Así, con estas mismas palabras, creo recordar que alguno lo escribió.) No digo que no lleven razón, los analistas. Basta con repasar las inversiones previstas en la región para comprobar hasta qué punto los sentimientos concuerdan a veces con los muy legítimos intereses electorales. Pero intuyo que la elección de León hay que relacionarla con otro de los acuerdos tomados en el hostal de San Marcos, que afectará sin duda a muchísimas familias españolas y, entre ellas, a la del propio Rodríguez Zapatero. Este: «Crear una comisión para reparar la dignidad y restituir la memoria de las víctimas y represaliados que desde el inicio de la Guerra Civil y hasta la recuperación de las libertades sufrieron cárcel, represión o muerte por defender esas mismas libertades y asumir esa defensa como objetivo fundamental de su compromiso ciudadano». Y es que una de estas víctimas cuya dignidad va a ser reparada y cuya memoria va a ser restituida responde al nombre de Juan Rodríguez Lozano y era el abuelo paterno del actual presidente del Gobierno. Según cuentan las crónicas, en julio de 1936, cuando los militares se alzaron en armas, el capitán Rodríguez Lozano, de ideas republicanas, se negó a secundar el alzamiento, por lo que fue fusilado. En su testamento, y entre otras consideraciones, el capitán dejó constancia de su creencia en Dios y de su inocencia. Por desgracia, ni así pudo salvar la vida.A mí no me parece mal la iniciativa del Gobierno. Todos tenemos abuelos, y estoy seguro de que todos somos capaces de encontrar, entre nuestros familiares, a alguno que haya sido represaliado en mayor o menor grado –es decir, habiendo sufrido «cárcel, represión o muerte»– por defender las libertades. Tras la dictadura, y ante la tragedia de nuestro pasado común, no existían más que dos opciones: o bien el silencio y el olvido, o bien el ejercicio de la memoria. Durante cerca de treinta años, hemos recurrido a la primera opción; ahora quienes gobiernan han decidido que toca la segunda. Bienvenida sea, si sirve para reparar la dignidad de cuantos españoles la perdieron por la fuerza. Pero cuidado. Todo depende de lo que se entienda por «defender las libertades». Si se entiende por ello defender el derecho de cualquier ciudadano a vivir en libertad, no dudo de que el trabajo de la comisión estará bien empleado; si, por el contrario, se entiende defender ciertas ideologías en detrimento de otras –la izquierda ha considerado siempre la libertad como algo de su propiedad y ajeno a la derecha–, tampoco dudo de que las consecuencias serán nefastas. Dicho de otro modo: en 1936 eso de la libertad ya andaba tan repartido como ahora, y tanto lo defendían la mayoría de los que sufrieron muerte en zona nacional como la mayoría de los que la sufrieron en zona republicana. Por poner un ejemplo: yo también tenía un abuelo, materno en este caso, que fue asesinado en los primeros meses de Guerra Civil. Era médico en Gerona, médico católico y conservador. Él también, en sus últimas voluntades, dejó constancia de su creencia en Dios y de su inocencia. Pues bien, él también tiene una dignidad que reparar y una memoria que restituir. Y, como él, cuantos corrieron la misma suerte. Y poco importa si el régimen salido de aquella barbarie les rezó un responso o puso su nombre en una lápida. Lo que cuenta es el régimen actual, esta democracia que nos hemos dado todos los españoles y a la que se debe la recién creada comisión.

ABC, 31 de julio de 2004