Nacionalistas orwellianos (sigue)

La generación de socialistas que gobierna, con asombrosa aquiescencia de quienes los precedieron, ha aprendido también del nacionalismo a saltarse algunas convenciones democráticas sobre las responsabilidades del Gobierno. La vicelehendakari Zenarruzabeitia parece creer que la tarea de aprobar los presupuestos en el Parlamento le compete a la oposición.

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En todos los países democráticos, las cuentas anuales constituyen la ley más importante que el Ejecutivo envía cada año a la cámara legislativa. Si no consigue su aprobación, el presidente plantea al Parlamento una cuestión de confianza o disuelve y convoca elecciones anticipadas. En Euskadi, no. Los años que Ibarretxe ha dispuesto de cuentas aprobadas son menores que los años en que ha debido prorrogar las del anterior o apañarse con un extravagante artefacto legal que le quiso aprobar EH con la técnica del ‘patchwork’. Incluyendo también entre los aprobados las artimañas procedimentales de Atutxa y los dos que lo fueron por errores de la oposición. Cada año en que fueron rechazados, la vicepresidenta afeó su conducta a los radicales y a los constitucionalistas (“los ilegalizadores y los ilegalizados”) por votar juntos. Incapaz de negociar, este año sólo ofrece contratos de adhesión a un PSE que votará a favor para pagarle al PNV su apoyo a los presupuestos generales del Estado en las Cortes.

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El Gobierno sigue la misma pauta respecto a las políticas de Estado que requerirían el acuerdo del partido que gobierna con el principal partido de la oposición, el que puede llegar a gobernar. No contento con cambiar radicalmente todas las políticas en marcha a su llegada al poder, Zapatero pretende que es un deber de la oposición apoyar al Gobierno incondicionalmente. Felipe González intervino en mala hora, dados los precedentes, para añadir: “incluso cuando se equivoca”.

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Es un exceso. La lealtad de la oposición nunca puede consistir en el aplauso incondicional a los errores del Gobierno. Los grandes temas de Estado requieren el acuerdo entre ambos, pero eso exige encontrar un diagnóstico común y estar de acuerdo en los procedimientos. La mayor responsabilidad en la búsqueda de ese acuerdo es, evidentemente, del Ejecutivo. Y éste debería ser el procedimiento, no sólo en el proceso de negociaciones con ETA, sino en la Educación, la Política Exterior, la Inmigración y algunos asuntos más.

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Finalmente, Rodríguez Zapatero también parece haber heredado de los nacionalistas su histórica prevención hacia los jueces. El presidente del Gobierno parece contaminado con esa vieja querencia nacionalista por el Antiguo Régimen, que les lleva a relativizar la separación de poderes. No de otra manera se puede interpretar la reciente expresión del presidente: “Las últimas sentencias judiciales dificultan el proceso de paz”. Los nacionalistas de uno y otro signo siempre han querido tener ‘sus propios jueces’ y consideran que las sentencias deben tener en cuenta el contexto.

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Lo que se quiere decir con esto es que los jueces deben hacer el trabajo del Gobierno o ayudarle en ello, en vez de ejercer su tarea con independencia. Si el Gobierno quiere unas sentencias que ‘favorezcan’ el proceso de paz, tiene en su mano la mayoría del poder legislativo. Que derogue la ley de Partidos e introduzca las modificaciones legales que considere pertinentes.

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Mientras tanto, puede hacer uso de su facultad de indulto si le parece que De Juana Chaos debe salir en libertad. Pero en ningún caso debe querer hacer de la Justicia uno de sus instrumentos, ni hacer que module en función de sus intereses o de la coyuntura. En eso consiste la democracia, el respeto a la Justicia y el ejercicio de su responsabilidad.