La CNMV, el Grupo PRISA y FG

Manuel Conthe (Presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores)

EL PAÍS - Opinión - 25-01-2005 (Cartas al director)

Respondo con estas líneas a las críticas que como presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) me dirigieron los editoriales del sábado y del domingo de EL PAÍS. Me parecen injustificadas, aunque respeto y siempre defenderé su derecho a formularlas. Las opiniones que manifiesto son estrictamente personales y sólo me vinculan a mí, no a la CNMV ni a los demás miembros de su Consejo.

La cadena SER ejerció el martes pasado su derecho constitucional a informar al público sobre las irregularidades que había detectado, con ocasión de una información periodística, en la que fue Sociedad de Valores de D. Francisco González (FG), actual presidente del BBVA. Al difundir tales informaciones la cadena puso a prueba la elogiable doctrina que el propio FG enunció poco después de la dimisión de su predecesor (en un artículo, en EL PAÍS del 3 de febrero de 2003, yo mismo la bauticé como "doctrina González" o "Test Moral FG"): quienes ostentamos responsabilidades sociales -ya seamos políticos, altos funcionarios o banqueros- no sólo no debemos infringir las leyes, sino tampoco hacer cosas que, de hacerse públicas, puedan dañar nuestra reputación. Para conservar intacta esa reputación, debemos ser capaces de responder de forma convincente a las irregularidades que se nos imputen, sin escudarnos en que responden a campañas de "acoso y derribo" o aducir que están legalmente prescritas. Quien denuncia campañas de acoso y derribo suele carecer de argumentos para defenderse. Además, como dicen los jueces, las sentencias y decisiones absolutorias no son "certificados de inocencia": que alguien no sea condenado por una irregularidad no prueba que no la cometiera.

Por desgracia, la cadena empañó pronto su legítimo esfuerzo por desenterrar posibles irregularidades en hombres públicos aderezándola con dos invenciones:

1. Sugerir que era la CNMV la que venía investigando motu proprio las irregularidades. De ahí el enfado del Grupo PRISA cuando la CNMV desveló la verdad y, sin especial malicia, dio a conocer el nombre del autor de la crónica periodística (que no denuncia); con ese enfado el Grupo PRISA se contradice: si el propio Libro de estilo de EL PAÍS exige que los periodistas firmen sus crónicas y se hagan responsables de ellas, ¿qué hay de reprochable en que, al no hacerlo la cadena, la CNMV revelara la identidad del autor de la crónica?

2. Dar la impresión a sus oyentes, entre el miércoles y el viernes, de que tenía información fiable sobre el curso de las indagaciones de la CNMV (difundiendo en un arrebato de imaginación, por ejemplo, que se había producido un "borrado informático" de documentos en la CNMV; o poniendo en entredicho la sinceridad de la CNMV cuando el jueves comunicó oficialmente que sólo informaría del asunto por escrito). Esas dos invenciones pusieron transitoriamente en solfa a la CNMV, haciéndola aparecer como lo que no era. La CNMV, como es lógico, sólo se sintió legitimada para indagar aquellos potenciales delitos no prescritos de quienes eran sus responsables en 1996; pero no para colaborar frívolamente con la cadena en la ampliación de la investigación periodística sobre FG que la cadena había iniciado. Las averiguaciones internas de la CNMV no fueron jurídicamente "tomas de declaración", y se basaron en la voluntaria colaboración de los entrevistados. Contrariamente a lo que señalaron el domingo otros periódicos distintos de EL PAÍS, el mismo miércoles, cuando FG me llamó, le brindé la oportunidad de que viniera de inmediato a la CNMV a darnos su versión de los hechos -como yo habría hecho en su caso-; pero la declinó, hasta no hablar con sus asesores; y sólo después de que se la pidiéramos por teléfono envió el viernes a la CNMV la documentación que el jueves había hecho llegar a diversos medios de comunicación.

Me atraen intelectualmente las paradojas. Y me fascina que el mismo grupo de comunicación que fue perseguido tiempo atrás por un juez prevaricador -luego indultado- critique ahora a un funcionario público por no actuarcomo su inquisidor privado. Me parece un error. Por eso, creo que, como hacen los grandes periódicos internacionales cuando se equivocan y quieren restablecer su crédito, la cadena SER por sus dos invenciones y el editorialista de EL PAÍS del sábado por su desmesura deben una disculpa pública a sus oyentes y lectores, entre quienes me seguirán teniendo.