Santiago González
Hay cosas sobre las que el lector debe tener aviso: los Reyes Magos son los padres y los magistrados del tribunal Constitucional, los partidos políticos. A lo largo de los últimos años bastaba preguntar de parte de quién estaba cada uno de los magistrados en la boda para conocer por adelantado el sentido de su voto. Ha pasado ya más de año y medio desde que terminó el mandato de cuatro de ellos, incluida la presidenta, pero la falta de acuerdo y el equilibrio inestable entre miembros progresistas y conservadores sobre el vacío del Estatut ha aconsejado al partido del Gobierno y al principal de la oposición, ignorar su condición caducifolia e impedir la renovación de sus cargos.
No es por alarmar, pero el Tribunal lleva más de tres años enredado en el Estatut y según hemos sabido todavía puede estar lejos el consenso. La ponente de la sentencia estaba en su tercer borrador cuando empezó a depurar el texto de fundamentos jurídicos y citas de jurisprudencia, que son el armazón de las sentencias y las dotan de solidez. En total, unos cien folios. Lo que se pierde en solidez jurídica se gana en soltura literaria, no se puede tener todo. Por otra parte, y a la hora de avalar algo como el Estatut, es mejor no dejar rastros.
La ponente de la sentencia es la magistrada granadina Elisa Pérez Vera, era en los años 90 fue presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía con el apoyo del único partido que podía apoyarla para ocupar un cargo en territorio Chaves y que podía llevarla hasta el TC.
En su cargo anterior elaboró en 1996 un dictamen aconsejando a la Junta de Andalucía recurrir el sistema de financiación del Majestic, consistente en ceder el 30% del IRPF. Creía entonces la presidenta consultiva que los impuestos han de quedar en manos del Estado, porque su cesión a las Autonomías supondría “una redistribución en sentido opuesto al que pretende la Constitución” y daría como resultado “la explotación fiscal de unas comunidades por otras.”
Puede asombrar a quienes no estén familiarizados con las sutilezas de los razonamientos jurídicos (y no hablemos de los económicos) que ceder el 30% de un impuesto suponga un elemento de desigualdad, pero ceder el 50% no lo sea. Aquí habría de tenerse en cuenta que el primero era Aznar y el que cede el 50%, Rodríguez Zapatero. Entre un presidente de derechas y otro de izquierdas, ¿hace falta decir quién de los dos es más partidario de la solidaridad?
Éste es un nivel de razonamiento muy generalizado en la España de hoy. Aproximadamente la mitad de nuestros conciudadanos procede como la ponente y aligera cuanto puede sus opiniones de argumentos y trampas intelectuales.
Lástima que sólo falten 16 meses para termine el mandato de Pérez Vera y otros dos miembros del Tribunal, y cuanto más tiempo pase, más irremediable será el desastre. Mucho hemos hablado y escrito sobre el precio pagado a Cataluña (y más que lo haremos cuando tengamos datos) pero el precio verdaderamente insoportable para el Estado va a ser el descrédito de una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Ojalá sus miembros lo teman más que a las broncas de la vicepresidenta.
No es por alarmar, pero el Tribunal lleva más de tres años enredado en el Estatut y según hemos sabido todavía puede estar lejos el consenso. La ponente de la sentencia estaba en su tercer borrador cuando empezó a depurar el texto de fundamentos jurídicos y citas de jurisprudencia, que son el armazón de las sentencias y las dotan de solidez. En total, unos cien folios. Lo que se pierde en solidez jurídica se gana en soltura literaria, no se puede tener todo. Por otra parte, y a la hora de avalar algo como el Estatut, es mejor no dejar rastros.
La ponente de la sentencia es la magistrada granadina Elisa Pérez Vera, era en los años 90 fue presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía con el apoyo del único partido que podía apoyarla para ocupar un cargo en territorio Chaves y que podía llevarla hasta el TC.
En su cargo anterior elaboró en 1996 un dictamen aconsejando a la Junta de Andalucía recurrir el sistema de financiación del Majestic, consistente en ceder el 30% del IRPF. Creía entonces la presidenta consultiva que los impuestos han de quedar en manos del Estado, porque su cesión a las Autonomías supondría “una redistribución en sentido opuesto al que pretende la Constitución” y daría como resultado “la explotación fiscal de unas comunidades por otras.”
Puede asombrar a quienes no estén familiarizados con las sutilezas de los razonamientos jurídicos (y no hablemos de los económicos) que ceder el 30% de un impuesto suponga un elemento de desigualdad, pero ceder el 50% no lo sea. Aquí habría de tenerse en cuenta que el primero era Aznar y el que cede el 50%, Rodríguez Zapatero. Entre un presidente de derechas y otro de izquierdas, ¿hace falta decir quién de los dos es más partidario de la solidaridad?
Éste es un nivel de razonamiento muy generalizado en la España de hoy. Aproximadamente la mitad de nuestros conciudadanos procede como la ponente y aligera cuanto puede sus opiniones de argumentos y trampas intelectuales.
Lástima que sólo falten 16 meses para termine el mandato de Pérez Vera y otros dos miembros del Tribunal, y cuanto más tiempo pase, más irremediable será el desastre. Mucho hemos hablado y escrito sobre el precio pagado a Cataluña (y más que lo haremos cuando tengamos datos) pero el precio verdaderamente insoportable para el Estado va a ser el descrédito de una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Ojalá sus miembros lo teman más que a las broncas de la vicepresidenta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario