Un relato verosímil

Santiago González

El 23 de diciembre pasado, cuatro días antes de que este periódico contase que uno de los interlocutores de ETA en la negociación esgrimiera ante la banda el chivatazo del Faisán como muestra de la buena predisposición del Gobierno al que representaba, el Gobierno mismo respondió por escrito a una pregunta que por escrito le había formulado el Grupo Popular: si en el asunto del bar Faisán había “existido alguna instrucción política”.

La respuesta fue la más corta que haya dado ningún Gobierno a su oposición, si exceptuamos la famosa “callada por respuesta”. Decía exactamente: “NO”, un ‘no’, seco, borde y rotundo como una descarga de fusilería o un calificativo de Pajín. Las mayúsculas son el grito de la palabra escrita, como saben los asiduos de Internet. Sin embargo, como respuesta era insuficiente. El Gobierno tendría que haber estado en condiciones de negar la mayor, algo del estilo: “el Gobierno no sólo niega que haya dado instrucciones políticas, sino también el propio hecho implícito en la pregunta. Ningún miembro de las FSE alertó al recaudador de ETA de que estaba siendo vigilado”. El laconismo, es lo que tiene, no deja espacio para explicaciones complejas o matizadas.

El pasado 18 de enero, Rubalcaba era entrevistado en la SER y a una pregunta sobre el tema, respondió: "Hasta donde yo sé, eso no pasó. No se dio ningún chivatazo.” He aquí una respuesta más compleja. Da a entender que niega el hecho, pero sin rotundidad, con un parapeto relativista. En realidad quiere decir: “a mí que me registren”.

Puede ser que las preguntas del PP, aun por escrito y amparadas en la firma colectiva, transmitan mal rollo, sintaxis hostil, mientras la pregunta de Francino invitaba a relajarse y responder con más matices.

La ignorancia del gobernante puede eximir de responsabilidad penal, pero no política, y las informaciones que este periódico va dejando caer sobre este caso, hacen muy sorprendente que la Fiscalía pidiera al juez Garzón hace sólo tres meses el archivo de la causa y que no se haya movido de esa posición en aplicación de la máxima “más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo”.

Ahora ya conocemos las dos conversaciones que el número dos de Interior, Antonio Camacho, mantuvo con el comisario general de Información y el director general de la Policía el día del chivatazo, 3 de mayo de 2006. En la misma franja horaria, el citado comisario habló con el jefe superior de Policía en la C.A.V., éste con el director general (dos veces) y con el inspector de Vitoria, imputado por haber pasado el móvil a Elosua. Presuntamente, claro. Los indicios y los hechos comprobados no admiten más que un relato coherente: que todos estuvieran hablando de lo mismo.

Al día siguiente, Zapatero iba a recibir al entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz y es preciso recordar que Grande-Marlaska había imputado al burukide Gorka Agirre, fallecido con posterioridad. El 4 de septiembre entró al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional el informe policial que implicaba al director general de la policía en el caso. Cuatro días más tarde era destituido por Rubalcaba sin previo aviso. Ojalá pudiéramos encontrar un relato alternativo que tuviera consistencia.