Un modelo que cuaja

Santiago González

El socialismo felizmente gobernante hoy en España tiene una deuda considerable con el nacionalismo vasco. Del nacionalismo aprendió a modificar el pasado, a perderle el respeto a la hemeroteca, a excluir a la oposición como vía para perpetuarse en el poder y a transferir sus responsabilidades a la oposición. Nuestros nacionalistas añoran el Antiguo Régimen y no necesitan otro vínculo político con España que el pacto con la Corona, (otra cosa son los económicos).

.

Tampoco acaban de verle el fundamento a las moderneces conceptuales de Montesquieu. Atutxa, que se hizo popular entre los constitucionalistas como consejero de Interior, sólo llegó a héroe incuestionable de la familia nacionalista como presidente del Parlamento vasco. Sus lecturas creativas del reglamento, su arbitrariedad al disponer lasvotaciones sobre las enmiendas a los presupuestos enervaron el control del legislativo al Gobierno. Su negativa a cumplir la orden del Tribunal Supremo para que disolviera el grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak dejó claro que el no tenía ningún favoritismo entre los dos poderes que en opinión de algunos tienen como función controlar al Ejecutivo; los ignora por igual.

.

El socialismo de Zapatero se ha aprendido al dedillo la artimaña de ser gobierno y oposición al mismo tiempo, de gobernar utilizando en su favor los otros dos poderes de la democracia. No es ya que trate de controlar el órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, pretensión que han tenido todos los gobiernos desde el primero de Suárez, sino que han llegado más lejos que ninguno de sus predecesores en el intento de condicionar a los jueces, recordemos la queja del presidente del Gobierno: "las últimas sentencias judiciales dificultan el proceso de paz" o su intento de condicionar a la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al comenzar la vista del juicio que acabó condenando a De Juana Chaos a 12 años y medio por un delito de amenazas terroristas contra cinco funcionarios de prisiones al explicar urbi et orbe que el justiciable estaba "a favor del proceso de paz".

.

Sin olvidar, naturalmente, el relevante papel del fiscal general del Estado a lo largo de todo este asunto. Por eso no debe extrañar que Zapatero haya declarado al PNV socio preferente y éste, quince días después, vaya a manifestarse contra el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que ha llamado a declarar como imputado al lehendakari Ibarretxe por haber incluido a la ilegal Batasuna en las rondas de conversaciones con los representantes legítimos de los ciudadanos vascos.

.

Respecto al poder legislativo, la actitud del Gobierno ha quedado definitivamente clara tras el acuerdo inducido por el Grupo Socialista para boicotear la actividad parlamentaria del partido de la oposición -a partirde ahora, el calificativo 'principal' podemos considerarlo redundante-. No se trata, como el pacto del Tinell que le sirve de basamento, de un compromiso para no llegar a acuerdos con el PP; el compromiso es para no discutir siquiera las propuestas de la derecha, a la que se condena al ostracismo, al tiempo que se erradica el fundamento mismo de la vida parlamentaria.

.

Esto nos ha hecho retroceder mucho en términos de convivencia democrática y está debilitando nuestras instituciones. Lo que atrofia la vida parlamentaria es la pretensión de sustituir la función del Parlamento por una mesa extraparlamentaria, o la negativa a discutir las propuestas de lao posición, no el tono más o menos subido que pueden adoptar algunos debates. Lo que debilita el sistema es la creencia de que el Gobierno es irresponsable frente a los representantes de la ciudadanía a propósito del asunto más grave que tiene la convivencia en España, que la única actitud posible ante los planes del Gobierno, sean cuales fueren, es el acatamiento, aunque el ejecutivo no explique sus propósitos y, en lugar de armar consensos, exija adhesiones.

.

La Audiencia Nacional adoptará hoy una resolución sobre la excarcelación de Iñaki de Juana Chaos, otro asunto que va a contribuir a enrarecer aún más la vida pública. Este preso no ha elevado por conducto reglamentario un escrito en el que hiciera constar su pesar por el mal causado y solicitara alguna medida de gracia. Ha planteado un reto mediante una medida de presión, una huelga de hambre que amenaza con llevar hasta su término. Planteadas así las cosas, el Estado no debería ceder. Es muy difícil hacer pasar por caritativa limosna el dinero que a uno le quitan mediante coacción y esto afecta a una característica fundamental del Estado, según la célebre definición de Max Weber en 'El Político y el Científico'

"es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, reivindica para sí con éxito el monopolio jurídico de la violencia física legítima".

Por eso, a diferencia de los particulares, el estado no puede acogerse a la eximente de estado de necesidad.

.

Es verdad que De Juana había cumplido condena por los 25 asesinatos que tiene a sus espaldas, pero no es menos cierto que dicho cumplimiento ha sido posible porque se le han contabilizado beneficios penitenciarios indebidamente. Por ejemplo, Iñaki de Juana participó en un intento de fuga y el Código Penal de 1973 en su artículo 100º establece que no serán de aplicación los beneficios penitenciarios a aquellos reclusos que hayan intentado quebrantar su condena.

.

El artículo 508 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que:

1. El juez o tribunal podrá acordar que la medida de prisión provisional del imputado se verifique en su domicilio, con las medidas de vigilancia que resulten necesarias, cuando por razón de enfermedad el internamiento entrañe grave peligro para su salud.

Dice "por razón de enfermedad", no por intento de suicidio. Si su estado fuera terminal, el Gobierno podría hacer uso de sus atribuciones y decretar su excarcelación, como hizo Aznar con Esteban Esteban Nieto, integrante del mismo comando que Iñaki de Juana Chaos, pero no parece éste el caso. Si se decreta la excarcelación será para que se recupere.

.

Entre los partidarios de las analogías descabelladas no se ha hablado mucho del precedente de la huelga de hambre de Bobby Sands, un activista del IRA que murió en la cárcel de Armagh en 1981, tras una huelga de hambre de 66 días, sin que el Gobierno de Margaret Thatcher, ni tribunal británico alguno intervinieran para impedir el desenlace fatal. A Sands le siguieron otros diez activistas, que llevaron su huelga hasta la muerte. Sus reivindicaciones eran las siguientes:

Derecho a llevar sus propias ropas.

Derecho a abstenerse del trabajo carcelario.

Derecho a la libertad de organización.

Derecho a facilidades recreativas y educativas junto con las autoridades de prisión.

Restauración del derecho remisión de pena (perdido debido a la "protesta sucia").

A la luz de la política comparada, había en aquella ocasión mucho terreno para la negociación. No la hubo. Cabe preguntarse si la paz de Stormont habría sido posible si el IRA hubiera ganado aquella batalla. Cabe preguntarse si el mero hecho de que los tres jueces que iban a decidir este asunto hayan pedido la colaboración de los 17 magistrados de la sala de lo Penal en pleno puede producir en los terroristas una impresión inadecuada. Por ejemplo, que uno solo de los suyos ha conseguido rodear a Audiencia Nacional. Si su excarcelación tres semanas después del atentado mortal de la T-4 no les llevará a concluir que, al final, el Estado siempre cede. Basta encontrar la presión adecuada, pero el tal Max Weber era un antiguo. La violencia es ahora un condominio.