El fiscal y la lista

Santiago González

La diputada Rosa Díez registró el viernes pasado en el Congreso una proposición no de Ley en la que solicita al Gobierno la destitución del fiscal general de Estado por arbitrariedad en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. Se refiere a la presencia de candidaturas contaminadas por ETA-Batasuna entre las listas de ANV que no fueron impugnadas por la Fiscalía y concurrieron con algún éxito a las elecciones municipales del 27 de mayo de 2007.

Tomemos el caso de Mondragón, en el que la complicidad del grupo municipal de ANV con ETA se reveló cuando sus siete concejales se negaron a condenar el asesinato de Isaías Carrasco. No era una complicidad sobrevenida. Los lectores pueden recordar,-y si no, para eso estamos,- que el criterio básico de la Fiscalía para impugnar una candidatura era la presencia en ella de «al menos tres» candidatos ligados a la ilegalizada Batasuna, según explicó el fiscal general el 4 de mayo de 2007. Pues bien, la lista que pasó por el cedazo de la Fiscalía tenía siete candidatos ligados anteriormente a Herri Batasuna y sus marcas ilegalizadas por el Tribunal Supremo en marzo de 2003. Pero no es eso lo más significativo, sino que, tras dicha ilegalización, cinco de ellos trataran de burlarla concurriendo a las elecciones municipales de 2003 en una candidatura, Herri Anitza, que fue anulada por el Tribunal Supremo el 3 de mayo de dicho año. Los interesados (y las interesadas, claro) solicitaron el amparo del Tribunal Constitucional que les fue denegado unos días más tarde.

Así consta en el informe elaborado por la Guardia Civil para la Fiscalía. No podría ser de otra manera y llama mucho la atención que las listas que pasaron ante el gran ojo avizor del fiscal general fueran precisamente las de aquellos pueblos como Mondragón, Hernani, Pasajes, Bergara, Azpeitia, Elorrio y una treintena más en los que tenían posibilidades de obtener la alcaldía. La idea de que esa lista, cuyos datos son perfectamente contrastables, no llegara a las manos del fiscal carece de consistencia. No tiene lógica que la Guardia Civil elabore un informe para no entregarlo a su destinatario, salvo en el muy improbable caso de que el citado instituto tuviese algún interés en la legalización de las listas batasunas en sus plazas fuertes. Sí la tiene, en cambio, que el fiscal se hiciera el distraído durante el proceso de negociaciones con los terroristas para tratar de evitar la ruptura del “alto el fuego” que ETA había de declarar, de todas formas, después de las elecciones, el 5 de junio de 2007.

La cuestión es grave en cualquier caso: si el informe llegó al fiscal, porque lo desatendió, aunque en el improbable caso de que no llegase, lo de Conde Pumpido sigue siendo un papelón. ¿Es posible que el fiscal general del Estado desconociera una sentencia tan importante del Tribunal Supremo y otra del Tribunal Constitucional en algo que afectaba de manera importante a su tarea?

No es una hipótesis verosímil, aunque él no hubiera sido magistrado del Supremo los nueve años anteriores, incluido el 2003 en el que se dictaron ambas sentencias. ¿Cabe la posibilidad de que al fiscal le pese tanto su pasado profesional, que ejerza la fiscalía como si fuera el juez, ponderando los argumentos del fiscal que le ha tocado ser y del defensor que lleva dentro? Misterio, pero aun otorgando a Cándido Conde el beneficio de la duda, lo mejor que se puede decir es que ha ejercido su función con una manifiesta incompetencia. En el mejor de los casos y en contra de toda lógica, incluida la aristotélica.