Hacer méritos
Santiago González
Las alegrías nunca son completas en la casa de los pobres. El jueves podría haber sido un día de resarcimiento y con este fin acudieron al Parlamento de Vitoria representantes de las Asociaciones de Víctimas para asistir, en vivo y en directo, a la aprobación parlamentaria de la ‘Ley de Reconocimiento (de) y Reparación a las Víctimas del Terrorismo’. Lástima que el tripartito que soporta a Ibarretxe aplique vagamente el principio de que tu mano derecha ignore lo que hace tu izquierda, en una lectura creativa del Evangelio de San Mateo, y que la Dirección de Derechos Humanos, parte del Departamento de Justicia, compense lo que hace la Oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo, gestionada por Maixabel Lasa y dependiente de la Consejería de Interior.
No es la primera vez que el Gobierno Vasco echa la de arena al día siguiente de la cal. El mes pasado, sin ir más lejos, la cámara vasca organizó por primera vez en sus 28 años de historia un homenaje a un guardia civil víctima del terrorismo: Juan Manuel Piñuel, asesinado en Legutiano. El mismo Parlamento, 24 horas más tarde, aprobaba una moción en la que se acusaba a las fuerzas policiales de torturas y al Gobierno de Zapatero de ampararlas.
El jueves, la aprobación de la Ley citada tuvo un estrambote compensatorio: el anuncio de una segunda ley que Justicia o así prepara para ‘las otras víctimas’, los desaparecidos, los torturados y los muertos en acciones policiales. Esta vocación de contrapeso, tan arraigada en el Gobierno vasco es muy propia del nacionalismo, aunque en este caso se presente con una cierta inversión lógica. Podría esperarse que en cualquier Gobierno, corresponda al Departamento de Interior el papel del halcón, mientras el de Justicia se reserva el de paloma. Bueno, pues en el tripartito de Ibarretxe la cosa es al revés, y el fiel de la balanza no se inclina hacia Maixabel Lasa. En una entrevista en la SER, Ibarretxe lo contó así: “El Parlamento vasco solicitó en su momento también un informe para otras personas, y otras víctimas también de la violencia, caso, por ejemplo, de los obreros del 3 de marzo que fueron asesinados siendo Fraga ministro de Gobernación.”
Imputar delitos de asesinato a los cuerpos de Seguridad del Estado es una calificación jurídica muy gruesa para ser empleada sin mayor fundamento. Está fuera de toda duda que la intervención policial de aquel 3 de marzo fue desproporcionada y brutal, pero hablar de asesinato implica un uso figurado del lenguaje que, si ha sido tolerada en una elegía de Lluis Llach, no debería serlo en el habla del presidente del Gobierno vasco. Para que un homicidio sea asesinato, el Código Penal estima necesaria la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: alevosía, encargo mediante precio o recompensa o ensañamiento, ninguno de los cuales se dieron en el caso. Ibarretxe debería saberlo.
Hace unos años, el entonces vicario de la Diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, escribió un libro para demostrar que las acusaciones que a la Iglesia vasca de no tomar partido contra el terrorismo eran infundios. El vicario explicó en una comparecencia ante la prensa que "hay una condena puntual a todos los atentados injustos." ¿Puede haber atentados justos? se preguntaban para sí los periodistas más despiertos, cuando monseñor Pagola aclaró que no había incurrido en pleonasmo, afirmando que sí hay atentados justos, un suponer, cuando la policía, "en el ejercicio legítimo de su poder, detiene a una persona". SEnorme oxímoron. En el ejercicio legítimo de su poder, cumplen la ley. Claro que agentes de los Cuerpos de Seguridad pueden cometer atentados. Puede haber entre ellos delincuentes y asesinos. Un ejemplo: el teniente coronel Castillo Quero, condenado por el caso Almería. Otro: Iñaki de Juana Chaos, ertzaina y terrorista. Pero entonces cometen atentados o asesinatos a secas, no atentados justos.
La comisión especial del Parlamento vasco para investigar los sucesos de aquel 3 de marzo en Vitoria, aprobó la semana pasada un dictamen en el que señalaba el "uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral", pero no iba más allá.
Tal vez Ibarretxe necesita empujar un poco más las palabras para que EHAK le preste el próximo viernes el voto que necesita para seguir arrastrando su proyecto hasta el referéndum consultivo de octubre. Contra la mayoría de las Juntas Generales de Alava, contra la mayoría de los ciudadanos vascos (siete de cada diez son partidarios de que retire su propuesta) contra toda lógica democrática. Ibarretxe ha entregado la llave de su sueño al partido que guarda las esencias de Batasuna en el Parlamento vasco y está haciendo méritos para que le abran la puerta de su consulta. Sólo necesita un voto. Es Batasuna quien va a expresarse en el parlamento el viernes próximo. Ella es la que conduce esta pobre, triste goitibera.
No es la primera vez que el Gobierno Vasco echa la de arena al día siguiente de la cal. El mes pasado, sin ir más lejos, la cámara vasca organizó por primera vez en sus 28 años de historia un homenaje a un guardia civil víctima del terrorismo: Juan Manuel Piñuel, asesinado en Legutiano. El mismo Parlamento, 24 horas más tarde, aprobaba una moción en la que se acusaba a las fuerzas policiales de torturas y al Gobierno de Zapatero de ampararlas.
El jueves, la aprobación de la Ley citada tuvo un estrambote compensatorio: el anuncio de una segunda ley que Justicia o así prepara para ‘las otras víctimas’, los desaparecidos, los torturados y los muertos en acciones policiales. Esta vocación de contrapeso, tan arraigada en el Gobierno vasco es muy propia del nacionalismo, aunque en este caso se presente con una cierta inversión lógica. Podría esperarse que en cualquier Gobierno, corresponda al Departamento de Interior el papel del halcón, mientras el de Justicia se reserva el de paloma. Bueno, pues en el tripartito de Ibarretxe la cosa es al revés, y el fiel de la balanza no se inclina hacia Maixabel Lasa. En una entrevista en la SER, Ibarretxe lo contó así: “El Parlamento vasco solicitó en su momento también un informe para otras personas, y otras víctimas también de la violencia, caso, por ejemplo, de los obreros del 3 de marzo que fueron asesinados siendo Fraga ministro de Gobernación.”
Imputar delitos de asesinato a los cuerpos de Seguridad del Estado es una calificación jurídica muy gruesa para ser empleada sin mayor fundamento. Está fuera de toda duda que la intervención policial de aquel 3 de marzo fue desproporcionada y brutal, pero hablar de asesinato implica un uso figurado del lenguaje que, si ha sido tolerada en una elegía de Lluis Llach, no debería serlo en el habla del presidente del Gobierno vasco. Para que un homicidio sea asesinato, el Código Penal estima necesaria la concurrencia de alguna de las circunstancias siguientes: alevosía, encargo mediante precio o recompensa o ensañamiento, ninguno de los cuales se dieron en el caso. Ibarretxe debería saberlo.
Hace unos años, el entonces vicario de la Diócesis de San Sebastián, José Antonio Pagola, escribió un libro para demostrar que las acusaciones que a la Iglesia vasca de no tomar partido contra el terrorismo eran infundios. El vicario explicó en una comparecencia ante la prensa que "hay una condena puntual a todos los atentados injustos." ¿Puede haber atentados justos? se preguntaban para sí los periodistas más despiertos, cuando monseñor Pagola aclaró que no había incurrido en pleonasmo, afirmando que sí hay atentados justos, un suponer, cuando la policía, "en el ejercicio legítimo de su poder, detiene a una persona". SEnorme oxímoron. En el ejercicio legítimo de su poder, cumplen la ley. Claro que agentes de los Cuerpos de Seguridad pueden cometer atentados. Puede haber entre ellos delincuentes y asesinos. Un ejemplo: el teniente coronel Castillo Quero, condenado por el caso Almería. Otro: Iñaki de Juana Chaos, ertzaina y terrorista. Pero entonces cometen atentados o asesinatos a secas, no atentados justos.
La comisión especial del Parlamento vasco para investigar los sucesos de aquel 3 de marzo en Vitoria, aprobó la semana pasada un dictamen en el que señalaba el "uso irresponsable y homicida de armas de fuego para responder a un problema de orden público y de origen laboral", pero no iba más allá.
Tal vez Ibarretxe necesita empujar un poco más las palabras para que EHAK le preste el próximo viernes el voto que necesita para seguir arrastrando su proyecto hasta el referéndum consultivo de octubre. Contra la mayoría de las Juntas Generales de Alava, contra la mayoría de los ciudadanos vascos (siete de cada diez son partidarios de que retire su propuesta) contra toda lógica democrática. Ibarretxe ha entregado la llave de su sueño al partido que guarda las esencias de Batasuna en el Parlamento vasco y está haciendo méritos para que le abran la puerta de su consulta. Sólo necesita un voto. Es Batasuna quien va a expresarse en el parlamento el viernes próximo. Ella es la que conduce esta pobre, triste goitibera.
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