Paso a paso

Santiago González

La Junta de Portavoces del Parlamento vasco acercó un pasito más ayer la consulta de Ibarretxe a su etapa final, al rechazar la propuesta del PP para reconsiderar su tramitación parlamentaria. El martes lo rechazará la Mesa de la Cámara y el último viernes de mes será votado en lectura única por el pleno, procedimiento que abreviará los trámites e impedirá la presentación de enmiendas.

Allí se verán las caras el Gobierno y la oposición con su empate a 33, un déjà vu. En la segunda legislatura, 1984-1986, el partido que apoyaba a Garaikoetxea estaba empatado a 32 escaños con la oposición real, aunque había una diferencia notable. Los parlamentarios de Herri Batasuna no participaban en la vida parlamentaria. Ayer, como era de esperar, no se pronunciaron. ¿Por qué iban a hacerlo si pueden demostrar el 27 de junio que ellos son el fiel de la balanza? Sobre el papel podrían votar en un sentido o en otro: manifestarse como la oposición a un nacionalismo domesticado que va a hacer desaguar la consulta en las playa de la reforma estatutaria o bien prestar uno de sus nueve votos al tripartito para alimentar la ficción de su recorrido legal.

Todo hace pensar que optarán por la segunda posibilidad, aunque no debe por ello felicitarse el lehendakari. Nunca debe descartar la posibilidad de que ETA haga su particular explicación de voto e intervenga como suele en el proceso. Será un costoso peaje para él.

Por lo demás, el asunto carece de todo misterio. Los partidos del tripartito apoyaron a Ibarretxe con el rechazo de la petición, la marca legal de Batasuna se abstuvo y los constitucionalistas, juntos pero no revueltos, la apoyaron.

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, explicó a quien quiso oírle que “el planteamiento de legalidad (del proceso y la consulta) está fuera de toda duda”, basándose en que la Comisión Jurídica Asesora del Gobierno había dado el visto bueno al proyecto de Ley, con empate entre sus miembros y el voto de calidad de la presidenta inclinando la balanza a favor del Gobierno. El voto de calidad de la presidenta… ¿A qué suena esto? Egibar considera que la comisión asesora es nuestro Tribunal Constitucional, lo cual no puede extrañar a nadie. También hay mucha gente en España que toma como tal al Tribunal Constitucional. Negar la consulta, sostiene el portavoz jeltzale, “aumentará la dimensión del problema político”. Es un argumento sorprendente si se tiene en cuenta que la dimensión del problema político ha ido creciendo en número de víctimas del terrorismo hasta llegar casi a las mil y que ese crecimiento de la dimensión ha ido paralelo a un desarrollo autonómico como nunca había conocido este país en su historia, salvo que en su opinión algunos de sus correligionarios se echen al monte movidos por la desesperación.

El portavoz de Ezker Batua exigió ayer a Zapatero que exija la dimisión fulminante de Alfonso Guerra por plantear la suspensión de la autonomía vasca si el Gobierno de Ibarretxe celebra la consulta. Tanta admiración por el modelo irlandés y cuando un diputado socialista plantea que, por una vez y sin que sirva de precedente, Zapatero haga aquí lo que Tony Blair hizo cuatro veces, la última durante cuatro años y medio, empezamos con pamplinas. En días como estos alimenta uno una secreta simpatía por las bases de Ezker Batua, obligadas a elegir entre Madrazo y Arana, sartén o fuego. No hay lugar para la esperanza entre las bases condenadas a cien años de soledad sobre la tierra.

No parece, en todo caso, que es opinión mayoritaria de la judicatura que el artículo 155 de la Constitución no da tanto de sí, aunque se le estire. Intertextualizado de un artículo similar de la Constitución alemana, el 155 sólo dice que el Gobierno “podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella” (la Comunidad Autónoma insurgente) al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales. Más propia parece la aplicación del artículo 161.2 que suspende la resolución objeto de conflicto de manera automática.

Todo parece indicar que el Gobierno no va a permitir la realización de un referéndum, porque la Constitución establece con todo rigor quiénes y bajo qué supuestos pueden convocar referendos. En ningún caso señala que pueda ser una competencia exclusiva del lehendakari. Éste ha bautizado su invento con nombres y circunloquios pintorescos, como ‘el derecho a decidir’ o, con perífrasis de gala y algo redundante, “el derecho a decidir nuestro propio futuro”. No será suficiente para aventajar a Zapatero en el uso creativo del lenguaje.