Fianzas preventivas
Santiago González
Siempre han tenido algo de equívocos los tres atributos que caracterizan la alegoría de la Justicia, una dama de buen ver vestida como para rodar un peplum, si no fuera porque lleva una venda en los ojos, una balanza en la mano izquierda y una espada en la derecha. Los ojos vendados representan la imparcialidad, está muy mal visto que alguien pueda presumir de ser el ojito derecho de un juez o que en el ejercicio de su sagrado magisterio, un juez pudiera tenerle ojeriza a un justiciable. En la formación jurídico sentimental de uno, que se produjo en pleno franquismo, accedíamos a ver de vez en cuando películas en las que se tocaba el tema. Eran muy estimulantes las americanas, en las que la policía leía sus derechos a los detenidos y había una cosa que se llamaba ‘habeas corpus’, del que nosotros no teníamos noticia. Estaban muy bien también las italianas, con aquella leyenda que figuraba en las salas de Justicia: “La legge e uguale per tutti”. Luego estaba la balanza, que simbolizaba la equidad, con los dos platillos a la misma altura y el fiel en el centro del ingenio. En la mano derecha, la espada recordaba la capacidad coactiva de la Ley, porque en los tiempos en que se diseñó la alegoría aún no se había inventado el buenismo y se creía más bien en que la convivencia requería métodos disuasorios.
Todo esto está muy bien cuando todo funciona bien, pero supongamos que por alguna causa no controlable la balanza se desnivela y los platillos quedan a diferente altura. ¿Cómo se dará cuenta la ciega? Aun en el supuesto de que la señora de la clámide esté dotada de una intuición extraordinaria, ¿cómo podrá usar la espada con rigor y a quien se lo merece, salvo que se quite la venda?
Hace casi dos años, tras la publicación por EL MUNDO del hallazgo de cinco kilos de goma-2 eco, el juez Del Olmo, de la Audiencia Nacional, ordenó la detención de cuatro policías y otras tres personas por formar parte de una supuesta trama que traficaba con explosivos, con estupefacientes y por un delito de detención ilegal, ya que, al parecer, habían colocado cierta cantidad de droga a una inmigrante para acusarla de narcotráfico. Era el 5 de diciembre de 2006 y los cargos citados eran sólo para cinco de los siete detenidos. Los otros dos, policías ambos, fueron acusados de revelación de secretos por haber revelado presuntamente a un periodista de esta casa detalles sobre la trama.
El juez Juan del Olmo instruyó una misma causa contra los siete detenidos, en lugar de instruir diferentes sumarios para lo que eran delitos diferentes. No parece que fuera en absoluto competente para instruir un sumario sobre un delito de revelación de secretos, que en ningún caso puede interpretarse que pueda corresponder a la Audiencia Nacional.
El juez les impuso 150.000 euros de fianza a cada uno, que pudieron ser reunidos mediante colecta organizada por sus compañeros para volver a sus casas el día de Nochebuena. Dos años más tarde, sin que en ningún momento fuera llamado a declarar el periodista que presuntamente recibió la información secreta, con la causa en otras manos y el juez Del Olmo fuera de la Audiencia Nacional, el fiscal mantiene la acusación, pero solo pide una multa de 4.200 euros, pena 36 veces menor que la fianza.
Estamos ante un caso ejemplar de lo apuntado más arriba. Es lo que pasa cuando la invidente se mosquea, que si no tiene manera de ver a quién castiga, ¿cómo podríamos exigirle que lo haga en una proporción adecuada a la gravedad de su delito?¿Quién les resarcirá de los días de cárcel?
“La Justicia está mejor que nunca”, dijo el otro día el ministro de la Cosa, amén.
Todo esto está muy bien cuando todo funciona bien, pero supongamos que por alguna causa no controlable la balanza se desnivela y los platillos quedan a diferente altura. ¿Cómo se dará cuenta la ciega? Aun en el supuesto de que la señora de la clámide esté dotada de una intuición extraordinaria, ¿cómo podrá usar la espada con rigor y a quien se lo merece, salvo que se quite la venda?
Hace casi dos años, tras la publicación por EL MUNDO del hallazgo de cinco kilos de goma-2 eco, el juez Del Olmo, de la Audiencia Nacional, ordenó la detención de cuatro policías y otras tres personas por formar parte de una supuesta trama que traficaba con explosivos, con estupefacientes y por un delito de detención ilegal, ya que, al parecer, habían colocado cierta cantidad de droga a una inmigrante para acusarla de narcotráfico. Era el 5 de diciembre de 2006 y los cargos citados eran sólo para cinco de los siete detenidos. Los otros dos, policías ambos, fueron acusados de revelación de secretos por haber revelado presuntamente a un periodista de esta casa detalles sobre la trama.
El juez Juan del Olmo instruyó una misma causa contra los siete detenidos, en lugar de instruir diferentes sumarios para lo que eran delitos diferentes. No parece que fuera en absoluto competente para instruir un sumario sobre un delito de revelación de secretos, que en ningún caso puede interpretarse que pueda corresponder a la Audiencia Nacional.
El juez les impuso 150.000 euros de fianza a cada uno, que pudieron ser reunidos mediante colecta organizada por sus compañeros para volver a sus casas el día de Nochebuena. Dos años más tarde, sin que en ningún momento fuera llamado a declarar el periodista que presuntamente recibió la información secreta, con la causa en otras manos y el juez Del Olmo fuera de la Audiencia Nacional, el fiscal mantiene la acusación, pero solo pide una multa de 4.200 euros, pena 36 veces menor que la fianza.
Estamos ante un caso ejemplar de lo apuntado más arriba. Es lo que pasa cuando la invidente se mosquea, que si no tiene manera de ver a quién castiga, ¿cómo podríamos exigirle que lo haga en una proporción adecuada a la gravedad de su delito?¿Quién les resarcirá de los días de cárcel?
“La Justicia está mejor que nunca”, dijo el otro día el ministro de la Cosa, amén.
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