¿Qué es un pacto de Estado?

Santiago González

De la hora y veinte minutos que duró su discurso, el candidato a la Presidencia del Gobierno empleó dos minutos y cuarenta segundos en hablar del terrorismo. No es mucho, teniendo en cuenta que en ese tiempo incluyó una mención expresa a cada uno de los cinco asesinados por ETA durante la legislatura y un capítulo de agradecimientos a jueces, policías, fiscales, guardias civiles y a la colaboración francesa, así como a los partidos que secundaron su política en materia de terrorismo.

En su último turno de palabra, el aspirante puso como ejemplo de acuerdo de Estado el que hizo posible la Constitución, en el que no estuvieron solamente UCD y el PSOE, porque, explicó, “uno de los éxitos del Pacto Constitucional es que fue extraordinariamente incluyente”.

Extraordinariamente, no. El aspirante Zapatero era muy joven entonces, pero el consenso constitucional no fue capaz de integrar al PNV que hoy es, qué casualidad, el socio preferente del candidato, desde el día siguiente de las elecciones. El problema es que el pacto de Estado no admite la propiedad conmutativa. El orden de los factores sí altera el producto y en los pactos de Estado hay que seguir un protocolo: el único socio imprescindible para el Gobierno es el principal partido de la oposición.

Un pacto de Estado es un compromiso entre el partido del Gobierno y el que podría llegar a gobernar para garantizar la continuidad de la acción del Estado más allá de la alternancia, de cuál es el partido al que los españoles (y las españolas, que no se me olvide) encargan la tarea de gobernar. Respecto al terrorismo es una voz conjunta, que anuncia a ETA su entrada irremediable en el 9º círculo del infierno del Dante: “Lasciate ogna speranza, voi ch’entrate”. La esencia del pacto Antiterrorista no era el compromiso de soslayar tal asunto en el debate político, sino la resolución de derrotar la estrategia terrorista, poniendo para ello todos los instrumentos del Estado.

El Pacto Antiterrorista de 2000, aunque de menos trascendencia que el Constitucional, fue un ejemplo canónico de acuerdo de Estado, por más que dos años después de su firma ya lo estuviera traicionando Jesús Eguiguren al dialogar con Batasuna a escondidas del Gobierno, y, si tal cosa se pudiese creer, a espaldas de la mismísima dirección del PSOE.

La proposición socialista que aprobó el Congreso de los Diputados en mayo de 2005, por la que se autorizaba al presidente del Gobierno a la negociación con ETA, no fue un pacto de Estado, porque en aquella iniciativa faltaba precisamente la única conformidad que era imprescindible, junto a la del PSOE: la del PP. Ambas iniciativas estaban separadas por cinco años y 110 escaños. La primera tenía a su favor a los 312 diputados que sumaban el PSOE y el PP. La segunda estaba apoyada por 202: los 164 del PSOE y los 38 que sumaban sus socios. Es verdad que reflejaba el aislamiento del PP, pero era también la soledad del Gobierno, a pesar de sus nuevos socios, plurales y diversos.

Había dos resoluciones: una ha fracasado y el Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo ha sido demolido. ¿Podría reeditarse con algunos cambios? Los más optimistas sostienen que sí, que bastaría modificar el prólogo, eliminando toda referencia a los nacionalistas vascos, a quienes se afeaba su comportamiento en Lizarra. No habría inconveniente mayor en ello. Al fin y al cabo el Pacto de Estella fracasó hace una eternidad. El problema es quién se encarga de convencer a ETA de que nunca más ningún Gobierno querrá negociar con ellos. “Bah”, pensará con seguridad Txeroki. “Siempre nos quedará Eguiguren”.