Claro que se puede
Santiago González
“El bisturí tiene que extirpar las células cancerígenas que se aprovechan de la vitalidad del cuerpo, pero con cuidado de no rozar el corazón del pluralismo”, ha dicho el presidente del Gobierno, no para iluminar el quehacer de los oncólogos, ojo, sino para ilustrar la dificultad de disolver los Ayuntamientos gobernados por ANV, tal como le exige la oposición realmente existente.
Es extraordinario que Zapatero asuma implícitamente la falacia de Ibarretxe contra la Ley de Partidos: ilegalizar a los cómplices de ETA equivale a ilegalizar las ideas o rozar el corazón del pluralismo. El corazón y la cintura, ya se sabe, sendas esencias de la democracia.
No es así, naturalmente. No parecía pensar así la portavoz del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros y Ministras del 19 de septiembre: “se ha despejado cualquier sombra de duda de que ambas (EHAK y ANV) actúan más allá de los márgenes de la Ley”. Al mismo tiempo, expresó una determinación del Gobierno, que “en la democracia española no hay sitio para los que apuestan por la confrontación, por la violencia y por la ilegalidad”.
A la ministra Salgado no se le conocía una vocación específica por hacer el ridículo, hasta que trató de aplicar a la portavoz de UPyD el tratamiento de plantilla: cuarto de descalificación personal y mitad de acusación de demagoga con esas metáforas muertas que son el alma de tanto discurso parlamentario: brindis al sol, actuar de cara a la galería. “¿A la de tiro, tal vez?”, replicó Rosa Díez, congelando la estupidez apenas pronunciada en el aire del hemiciclo. Salgado y las exigencias del guión: desnudar a las actrices en las películas y mostrar las vergüenzas intelectuales de las ministras (y los ministros, claro) en el Congreso.
“La ley no permite disolver los Ayuntamientos de ANV” sostiene como un solo hombre y una sola mujer el Gobierno de la Paridad Española. Es verdad que de los 42 ayuntamientos de ANV, hay 16 en los que depende de otras fuerzas políticas para mantenerse. ¿Es posible que el Gobierno no intente la vía política y que no rompa relaciones con quien se niegue a la moción de censura, tal como se ha hecho en Azpeitia? Acudamos entonces a la ‘Ley 1/2003 de 10 de marzo para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales’, que modificaba otras leyes, precisamente para hacer posible esa disolución.
Desde entonces, el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local da una definición interpretable de “gestión gravemente dañosa” que es causa de disolución: “los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. Si la ley no lo permite, todos los diputados que votaron esa Ley deberían ser inhabilitados para la política, por inútiles.
Que no pueden. El ministro de Justicia que anunció la ilegalización de ANV para “el momento en que lo aconseje la jugada” (9/10/ 2007). O el ministro del Interior que excarceló a De Juana “por razones legales y humanitarias”, (1/3/2007) identificando el imperativo legal con lo que permite la ley. O el mismo fiscal General que admitía como opinión plausible que algunos viesen la Ley de Partidos “como un Guantánamo electoral” (17/5/2007). A ver quién autorizó esos vuelos. Y en un solo un cambio de legislatura. ¡Como para no creer en el hombre nuevo!
Es extraordinario que Zapatero asuma implícitamente la falacia de Ibarretxe contra la Ley de Partidos: ilegalizar a los cómplices de ETA equivale a ilegalizar las ideas o rozar el corazón del pluralismo. El corazón y la cintura, ya se sabe, sendas esencias de la democracia.
No es así, naturalmente. No parecía pensar así la portavoz del Gobierno Mª Teresa Fernández de la Vega en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros y Ministras del 19 de septiembre: “se ha despejado cualquier sombra de duda de que ambas (EHAK y ANV) actúan más allá de los márgenes de la Ley”. Al mismo tiempo, expresó una determinación del Gobierno, que “en la democracia española no hay sitio para los que apuestan por la confrontación, por la violencia y por la ilegalidad”.
A la ministra Salgado no se le conocía una vocación específica por hacer el ridículo, hasta que trató de aplicar a la portavoz de UPyD el tratamiento de plantilla: cuarto de descalificación personal y mitad de acusación de demagoga con esas metáforas muertas que son el alma de tanto discurso parlamentario: brindis al sol, actuar de cara a la galería. “¿A la de tiro, tal vez?”, replicó Rosa Díez, congelando la estupidez apenas pronunciada en el aire del hemiciclo. Salgado y las exigencias del guión: desnudar a las actrices en las películas y mostrar las vergüenzas intelectuales de las ministras (y los ministros, claro) en el Congreso.
“La ley no permite disolver los Ayuntamientos de ANV” sostiene como un solo hombre y una sola mujer el Gobierno de la Paridad Española. Es verdad que de los 42 ayuntamientos de ANV, hay 16 en los que depende de otras fuerzas políticas para mantenerse. ¿Es posible que el Gobierno no intente la vía política y que no rompa relaciones con quien se niegue a la moción de censura, tal como se ha hecho en Azpeitia? Acudamos entonces a la ‘Ley 1/2003 de 10 de marzo para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la Seguridad de los Concejales’, que modificaba otras leyes, precisamente para hacer posible esa disolución.
Desde entonces, el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local da una definición interpretable de “gestión gravemente dañosa” que es causa de disolución: “los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. Si la ley no lo permite, todos los diputados que votaron esa Ley deberían ser inhabilitados para la política, por inútiles.
Que no pueden. El ministro de Justicia que anunció la ilegalización de ANV para “el momento en que lo aconseje la jugada” (9/10/ 2007). O el ministro del Interior que excarceló a De Juana “por razones legales y humanitarias”, (1/3/2007) identificando el imperativo legal con lo que permite la ley. O el mismo fiscal General que admitía como opinión plausible que algunos viesen la Ley de Partidos “como un Guantánamo electoral” (17/5/2007). A ver quién autorizó esos vuelos. Y en un solo un cambio de legislatura. ¡Como para no creer en el hombre nuevo!
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