Lo que se juzga en Bilbao
Santiago González
Llevamos meses, qué digo meses, años, oyendo la cantinela de que estamos ante un juicio político, el que se sigue en Bilbao contra cinco miembros de Batasuna por un delito de desobediencia, y contra el lehendakari y los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares, por prestar a los anteriores la colaboración necesaria para la comisión de dicho delito al reunirse con ellos.
Y ahora, cuando llega el juicio, quienes habían denunciado sin desmayo su carácter político desprecian la posibilidad de mantener una defensa jurídica de sus intereses para defender sus posiciones políticas. Quienes han lamentado una y otra vez la ‘judicialización de la política’ quieren que el tribunal se moje y sentencie que “la política puede aportar mucho para la paz y la normalización de este país”, por decirlo con palabras de Balza, convertido el jueves en un espontáneo abogado de la defensa.
Se recordará que a los encausados no se les imputa una estrategia inadecuada “para la paz y la normalización”, sino un delito de desobediencia a una orden del Tribunal Supremo, que en su sentencia del 27 de marzo de 2003, dice: “Los expresados partidos políticos, (Batasuna, EH y HB) cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia”.
El 11 de diciembre de 1998, tres meses después de la tregua que ETA había decretado en septiembre, tres enviados de Aznar, Zarzalejos, Martí Fluxá y Arriola, se reunieron en la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros con Otegi, Barrena, Rafa Díez e Iruin.
¿Por qué se juzga al lehendakari y a los dos dirigentes socialistas por mantener reuniones con las mismas personas con las que se habían reunido años antes los representantes de Aznar? Porque esas personas no eran dirigentes de un partido ilegal en diciembre de 1998 ni habían recibido orden del Tribunal Supremo de “cesar de inmediato todas sus actividades”.
¿Es legítimo darle a un amigo cama, comida y 500 euros para que siga su viaje? Pues depende. Si es un prófugo de la Justicia, lo que podría haber sido una obra de misericordia se convierte en un delito de encubrimiento.
El entonces arcipreste de Irún, José Ramón Treviño, fue condenado por la Audiencia Nacional en julio de 1992 a tres años de prisión como autor de un delito de colaboración con banda armada, por haber alojado un año antes a dos miembros del comando ‘Mugarri’ de ETA, Ignacio Rekarte y Luis Angel Galarza. El Tribunal Supremo elevó la pena a seis años. No es adecuado llamar ‘caridad cristiana’ a la colaboración con ETA.
También resulta muy notable que entre las defensas de Otegi y el lehendakari hayan llamado a tantos vocacionales de la mediación como testigos, sin que tengan con los hechos, las conversaciones, otra relación que la de ser acérrimos partidarios. Algunos de ellos han sido distinguidos en el pasado con premios de la Fundación Sabino Arana, como Francesco Cossiga, premio ‘Amigo de los Vascos 2000’ y el sacerdote redentorista Alec Reid, premio ‘Espejo del Mundo 2003’, el sudafricano Roelf Meyer, premio René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Matthew Phosa, del Congreso Nacional Africano; Harry Barnes, de la Fundación Carter y Mateo Zuppi, sacerdote de la Comunidad de San Egidio y, en tanto que tal, perito en creer lo que no vimos.
Es una lástima que entre tanto mediador no se hayan acordado de llamar a los únicos profesionales que saben algo relacionado con el llamado ‘proceso de paz’: los responsables de la fundación suiza Henri Dunant, custodios de las actas de las reuniones entre los representantes del Gobierno y ETA, por más que la negociación con ETA no es lo que se está juzgando en Bilbao.
Patxi López y Ares tampoco están exactamente en el mismo caso que Ibarretxe. No es que lo suyo sea uno de los misterios gozosos del Rosario. Se trató más bien de un error político dentro de un proceso que fue todo él un error en sí mismo, como lo prueban los resultados y la rectificación de facto de su primer impulsor, ya que no su reconocimiento público. Pero el 6 de julio de 2006, López y Ares se reunieron con tres dirigentes de la izquierda abertzale, esa nebulosa en la que se difumina la responsabilidad penal, mientras el lehendakari convocó a sus rondas de reuniones con los partidos parlamentarios a una organización ilegalizada, Batasuna, sobre la que pesaba una prohibición del TS para actuar.
“¿Por qué me multan, si todo el mundo lo hace?”, se quejaba el bañista acusado de orinar en la piscina. “Porque sólo usted lo ha hecho desde lo alto del trampolín”.
Y ahora, cuando llega el juicio, quienes habían denunciado sin desmayo su carácter político desprecian la posibilidad de mantener una defensa jurídica de sus intereses para defender sus posiciones políticas. Quienes han lamentado una y otra vez la ‘judicialización de la política’ quieren que el tribunal se moje y sentencie que “la política puede aportar mucho para la paz y la normalización de este país”, por decirlo con palabras de Balza, convertido el jueves en un espontáneo abogado de la defensa.
Se recordará que a los encausados no se les imputa una estrategia inadecuada “para la paz y la normalización”, sino un delito de desobediencia a una orden del Tribunal Supremo, que en su sentencia del 27 de marzo de 2003, dice: “Los expresados partidos políticos, (Batasuna, EH y HB) cuya ilegalidad se declara, deberán cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia”.
El 11 de diciembre de 1998, tres meses después de la tregua que ETA había decretado en septiembre, tres enviados de Aznar, Zarzalejos, Martí Fluxá y Arriola, se reunieron en la localidad burgalesa de Ibeas de Juarros con Otegi, Barrena, Rafa Díez e Iruin.
¿Por qué se juzga al lehendakari y a los dos dirigentes socialistas por mantener reuniones con las mismas personas con las que se habían reunido años antes los representantes de Aznar? Porque esas personas no eran dirigentes de un partido ilegal en diciembre de 1998 ni habían recibido orden del Tribunal Supremo de “cesar de inmediato todas sus actividades”.
¿Es legítimo darle a un amigo cama, comida y 500 euros para que siga su viaje? Pues depende. Si es un prófugo de la Justicia, lo que podría haber sido una obra de misericordia se convierte en un delito de encubrimiento.
El entonces arcipreste de Irún, José Ramón Treviño, fue condenado por la Audiencia Nacional en julio de 1992 a tres años de prisión como autor de un delito de colaboración con banda armada, por haber alojado un año antes a dos miembros del comando ‘Mugarri’ de ETA, Ignacio Rekarte y Luis Angel Galarza. El Tribunal Supremo elevó la pena a seis años. No es adecuado llamar ‘caridad cristiana’ a la colaboración con ETA.
También resulta muy notable que entre las defensas de Otegi y el lehendakari hayan llamado a tantos vocacionales de la mediación como testigos, sin que tengan con los hechos, las conversaciones, otra relación que la de ser acérrimos partidarios. Algunos de ellos han sido distinguidos en el pasado con premios de la Fundación Sabino Arana, como Francesco Cossiga, premio ‘Amigo de los Vascos 2000’ y el sacerdote redentorista Alec Reid, premio ‘Espejo del Mundo 2003’, el sudafricano Roelf Meyer, premio René Cassin de Derechos Humanos del Gobierno Vasco; Matthew Phosa, del Congreso Nacional Africano; Harry Barnes, de la Fundación Carter y Mateo Zuppi, sacerdote de la Comunidad de San Egidio y, en tanto que tal, perito en creer lo que no vimos.
Es una lástima que entre tanto mediador no se hayan acordado de llamar a los únicos profesionales que saben algo relacionado con el llamado ‘proceso de paz’: los responsables de la fundación suiza Henri Dunant, custodios de las actas de las reuniones entre los representantes del Gobierno y ETA, por más que la negociación con ETA no es lo que se está juzgando en Bilbao.
Patxi López y Ares tampoco están exactamente en el mismo caso que Ibarretxe. No es que lo suyo sea uno de los misterios gozosos del Rosario. Se trató más bien de un error político dentro de un proceso que fue todo él un error en sí mismo, como lo prueban los resultados y la rectificación de facto de su primer impulsor, ya que no su reconocimiento público. Pero el 6 de julio de 2006, López y Ares se reunieron con tres dirigentes de la izquierda abertzale, esa nebulosa en la que se difumina la responsabilidad penal, mientras el lehendakari convocó a sus rondas de reuniones con los partidos parlamentarios a una organización ilegalizada, Batasuna, sobre la que pesaba una prohibición del TS para actuar.
“¿Por qué me multan, si todo el mundo lo hace?”, se quejaba el bañista acusado de orinar en la piscina. “Porque sólo usted lo ha hecho desde lo alto del trampolín”.
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